Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la prisión domiciliaria de la ex presidenta en la causa conocida como Vialidad y solicitaron que cumpla su condena por corrupción en una unidad penitenciaria.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron este lunes un escrito ante la Cámara Federal de Casación Penal para revocar el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad. Según su planteo, la expresidenta debería cumplir la condena por corrupción en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
“La pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, afirmaron los fiscales, que volvieron a rechazar los argumentos del Tribunal Oral Federal 2, el cual había habilitado la detención en su departamento del barrio de Monserrat por razones de seguridad y edad.
Luciani y Mola consideraron, además, que si se mantiene el arresto domiciliario, este no debería continuar en su actual domicilio, ubicado en San José 1111 de la ciudad porteña. Argumentaron que la presencia de la ex mandataria en ese edificio genera conflictos en la zona, que fueron detallados por un informe de la Procuración porteña. Allí se describe que hubo complicaciones con la recolección de residuos, paso de ambulancias y mantenimiento urbano, además de múltiples concentraciones que alteraron la dinámica del barrio. También apuntaron que la seguridad de la propia Cristina Kirchner quedó comprometida, al tener en cuenta el intento de magnicidio de 2022.
“Se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria”, indicaron los fiscales, en caso de que la Cámara no revierta la medida.
El fallo original le otorgó la prisión domiciliaria a la ex jefa de Estado basándose en su edad (72 años), su doble rol como ex presidenta y el riesgo que implicaría un régimen de aislamiento extremo dentro del sistema penitenciario. El Tribunal sostuvo que esas condiciones eran incompatibles con criterios humanitarios. Pero Luciani y Mola cuestionaron ese razonamiento: “No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”. Y aclararon que la edad avanzada, según la ley, es solo un criterio facultativo, no obligatorio.
Además, los fiscales apuntaron contra el trato diferencial hacia la ex mandataria. Señalaron que, a diferencia de los otros ocho condenados en la causa, a Fernández de Kirchner no se le exigió que se presentara en los tribunales de Comodoro Py al momento de ser notificada del cumplimiento de la pena. “Su situación no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal”, remarcaron.
En cuanto a la seguridad en prisión, mencionaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró un listado de dependencias bajo control de fuerzas federales en las que podría alojarse a la ex presidenta, sin necesidad de aislamiento extremo. Criticaron que el Tribunal Oral no haya evaluado ese informe antes de otorgarle el beneficio de la domiciliaria.
En su presentación, Luciani y Mola también incluyeron imágenes de medios de comunicación que muestran concentraciones en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner, y personas sobre balcones de edificios linderos. Plantearon que esta situación representa una amenaza tanto para la ex presidenta como para los vecinos.
Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara de Casación, que está compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, deberá resolver no solo esta apelación, sino otros planteos vinculados a las condiciones de detención.
Uno de esos recursos fue presentado por la defensa de la ex presidenta, que impugnó el uso de la tobillera electrónica ordenado por el Tribunal Oral. También se discutirá en audiencia pública el próximo 7 de julio la decisión que restringe las visitas a su departamento: mientras que familiares, abogados, médicos y custodios pueden ingresar sin autorización, el resto debe pedir permiso judicial. La defensa busca modificar esa norma.
La Cámara ahora tiene en sus manos el futuro inmediato de la ex presidenta, entre la tobillera, el régimen de visitas y la posibilidad de que la condena por corrupción se cumpla finalmente en una cárcel.
