Prisión, tobillera y visitas: ¿Qué argumentan los abogados que insisten con Cristina libre?
Los incidentes judiciales relacionados con la ejecución de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad llegan a la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña serán los encargados de resolver los planteos de la defensa contra el uso de la tobillera y la limitación de las visitas; al tiempo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentarán en los próximos días su apelación contra la prisión domiciliaria.
Casación convocó para el 7 de julio a una audiencia oral y pública donde las partes podrán exponer sus peticiones, después de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó la queja de la expresidenta de permanecer entre los muros de San José 1111 sin ninguna restricción para recibir a quien ella permitiera durante su arresto. Hasta que la Cámara se expida solo podrán verla sus familiares cercanos, sus médicos, los abogados y los custodios.
Los abogados de Cristina Kirchner también apelaron la colocación del dispositivo de control electrónico, porque indicaron que el uso de tobillera es “innecesario”. Para la defensa no existen riesgos procesales que exijan el cumplimiento de esa obligación, cuando cuenta con una custodia permanente a cargo de la Policía Federal.
A todo esto, el TOF 2 otorgó el arresto domiciliario al condenado Nelson Guillermo Periotti, quien cumplirá 80 años el 3 de julio “con diagnóstico de tumor parotídeo derecho, presuntivo adenoma pleomorfo, en plan quirúrgico para remoción en el corto plazo”, entre otros problemas de salud.
Con el informe del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal los jueces concluyeron que “resulta suficiente para tener por acreditado el grado mayor de vulnerabilidad que justifica la especial protección, a través de la previsión de la posibilidad del juez de conceder la prisión domiciliaria”.
En cuanto al decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, el tribunal aguarda que los peritos contables de la Corte Suprema le remitan la actualización del monto del perjuicio al Estado, estimado en más de 86 mil millones de pesos.
El escándalo por las visitas de Cristina Kirchner puso a prueba la paciencia de los magistrados que debieron atender más de 1.100 solicitudes para acceder al domicilio donde permanece detenida, incluidos los diputados y senadores kirchneristas que notificaron que harían uso de sus fueros para verla sin pedir autorización.
Con la casilla repleta de mails, el TOF 2 respondió que toda aquella persona que no esté incluida en las categorías de familiares, médicos, custodios y abogados deben requerir sin excepción la autorización judicial.
Remarcaron que el planteo es impertinente: “los solicitantes pretenden que se establezca y adelante un criterio judicial sobre circunstancias futuras, extremo que resulta manifiestamente impertinente al exigir, en alguna medida, que el tribunal se expida en abstracto sobre cuestiones cuyos pormenores de momento desconoce”.
En rigor, debería ser la exmandataria quien con criterio propio solicite el permiso, para que los jueces evalúen cada caso que se encuentre por fuera del listado de personas autorizadas.
Recordemos que fue el abogado Gregorio Dalbón quien publicó en redes sociales la dirección electrónica del tribunal para que aquellos que quisieran visitar a Cristina Kirchner tramiten su permiso. En su posteo calificó de “delirio autoritario” que se obligue a toda persona que no sea familiar directo a pedir permiso por escrito para poder visitarla en su domicilio “como si fuera una reclusa peligrosa”.
Los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, preparan su apelación contra la prisión domiciliaria que el TOF 2 le concedió a Cristina Fernández de Kirchner. Están trabajando en los fundamentos del planteo que presentarán antes de que el miércoles próximo se cumpla el plazo de 10 días.
Según pudo saber A24.com insistirían con que la exmandataria cumpla su condena en la cárcel porque -como ya se han manifestado- entienden que el régimen domiciliario constituye una excepción que no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de uno de los supuestos previstos por la ley, como lo es superar la edad de 70 años.
Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) tomarían en cuenta el informe socio ambiental que realizó personal judicial en la vivienda de Cristina Kirchner sin que les permita advertir que su permanencia en un penal suponga un menoscabo para su integridad.
Por otro lado, Luciani y Mola se opondrán al pedido de la defensa para que le quiten la tobillera o se eliminen los límites de visitas, porque desde su primera intervención consideraron que el régimen de detención domiciliaria del uso de un dispositivo electrónico de control.
Aquellos que sostienen que Cristina Fernández de Kirchner fue “injustamente condenada, sin pruebas, por una justicia sin imparcialidad que actuó como brazo ejecutor de los poderes económicos y financieros concentrados” abrieron el sitio web “Cristina Libre”.
En este marco, estudiantes, docentes y graduados de la Facultad de Derecho de la UBA se reunieron para debatir lo que consideraron la proscripción de la ex presidenta.
Durante este encuentro se escucharon varias opiniones, entre ellas la del constitucionalista Gustavo Ferreira y el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.
Ferreira aseguró que la sentencia contra la ex mandataria “es arbitraria porque no ha considerado la prueba existente para solucionar el litigio”. Agregó que la Corte “en 69 noches y 70 días resolvió una causa que tiene más de 60 cuerpos y más de 200 cajas para examinar”.
En tanto, Zaffaroni sostuvo que el “Triunvirato Supremo…es una fábrica fordista de fabricación de sentencias, que los jueces no leen ni saben lo que firman (…) emite veinte mil decisiones por año, una cada 20 minutos, sin dormir sábados y domingos y de cualquier materia”.
Señaló que “no tenemos Poder Judicial”, y refirió que quienes intervinieron en este “disparate” fueron 20 o 30 jueces que la Corte defendió al rechazar cualquier teoría conspirativa. Respondió que para él no hubo conspiración sino obediencia a “la Master Voice” que es regional, “ni de derecha ni de izquierda, ni progre o regre, sino colonialismo o resistencia al colonialismo”.
