Este domingo 3 de septiembre se cumplen mil días desde que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se fue del país, para después solicitar asilo en Uruguay alegando que es un “perseguido político”.

Este domingo 3 de septiembre se cumplen mil días desde que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se fue del país, para después solicitar asilo en Uruguay alegando que es un “perseguido político”.
La justicia argentina lo había citado a prestar declaración indagatoria en la causa por la presunta extorsión a los empresarios del Grupo Indalo. Ante las repetidas ausencias, lo declaró en rebeldía y lanzó una orden de captura internacional que está frenada hasta que se resuelva el pedido de refugio.
Mientras tanto, el ex operador de Mauricio Macri reside en Montevideo, donde conserva su banca como diputado del PRO ante el Parlasur. Sus apariciones suelen convertirse en escándalo de gritos y abucheos, aunque todavía no se trató un dictamen para expulsarlo del Parlamento del Mercosur, porque no llegaron a juntar los 77 votos necesarios.
No obstante, se pusieron de acuerdo entre legisladores alineados al oficialismo y a la oposición, para firmar un proyecto de declaración exhortando a Rodríguez Simón a presentarse a declarar ante la justicia argentina, algo a lo que hizo caso omiso.
Con su estrategia, “Pepín” Rodríguez Simón logró mantenerse alejado de los tribunales argentinos, que solía recorrer en su época de asesor. En estos casi tres años ganó tiempo con la presentación que hizo ante la Comisión de Refugiados (CORE), para que lo declarase refugiado político.
Esa demanda fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia uruguaya, pero su abogado, Jorge Díaz, interpuso una excepción de inconstitucionalidad, que derivó en que la jueza actuante, Adriana Chamsarian, dispusiera la suspensión del procedimiento de extradición.
Según pudo saber A24.com, la novedad es que después de que la Suprema Corte uruguaya admitiera la petición de inconstitucionalidad, le dio traslado a la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, y a los abogados de Rodríguez Simón.
El próximo paso será que opine el Fiscal de Corte, y luego los cinco integrantes del Máximo Tribunal del país vecino iniciarán el análisis sucesivo del recurso (es decir lo pasarán vocalía por vocalía) hasta llegar a una resolución conjunta.
De todos modos, si los jueces llegasen a fallar en su contra, el juego no se habría terminado porque la defensa de “Pepín” sumó dos expedientes por la solicitud de calidad de refugiado, con nuevos argumentos sobre la supuesta persecución política.
Por un lado, denunció que se inició el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, y por otro, una serie de manifestaciones públicas de Cristina Fernández de Kirchner, después del atentado contra su vida, y de la condena en la causa Vialidad.
En los nuevos recursos, Rodríguez Simón sostuvo que la vicepresidenta lo acusó de ser “el amarillo” que organizaba la mesa judicial del macrismo y obligó a renunciar a la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También indicó que fue convocado a declarar por la Comisión de juicio político contra los jueces de la Corte argentina.
Fabián “Pepín” Rodríguez Simón no tuvo éxito hasta ahora con su pedido de asilo político, sin embargo al encarar ese proceso logró postergar el inicio de juicio de extradición a la Argentina, que derivaría inevitablemente en su detención y el traslado a los tribunales de Comodoro Py para que se defienda de la acusación de extorsión a la empresas del Grupo Indalo.
El empresario Cristóbal López había denunciado que -en nombre del ex presidente Mauricio Macri- “Pepín” lo había amenazado con iniciar causas penales en su contra, si no aceptaba duplicar el canon que abonaba por la concesión del Hipódromo de Palermo.
A su vez, lo acusó de manejar la mesa judicial que terminó con López y su socio Fabián De Souza presos, y con el embargo de su empresa Oil combustibles por una deuda de 8 mil millones con la Afip.
En su defensa, “Pepín” se instaló en Montevideo y pidió convertirse en refugiado, asegurando que se había montado una persecución judicial en su contra, cuyo objetivo era meterlo preso. Justificó explicando que Alberto Fernández había sido empleado de Indalo antes de ser presidente.
Meses más tarde, la Comisión de Refugiados concluyó que no había fundamentos para considerarlo un “perseguido político” y la cuestión se judicializó.
Pasaron dos años, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay confirmó el rechazo y habilitó la continuación del juicio de extradición.
Pero Rodríguez Simón se había adelantado presentando dos nuevos recursos ante la CORE. De este modo, regresó al punto de inicio, con al menos otros dos años por delante, antes de que deba volver a intervenir la Suprema Corte Uruguaya.