“Si rechazan el veto, yo lo voy a judicializar y no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, sostuvo el mandatario.
El principal argumento del Gobierno es el impacto fiscal de la propuesta. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el bono de $110.000 implicaría un gasto adicional de aproximadamente $1,5 billones al año, equivalente al 0,3% del PBI.
Fuentes de financiamiento previstas en el proyecto
A diferencia del proyecto anterior vetado en 2024, esta nueva versión contempla mecanismos concretos de financiamiento. Entre las medidas incluidas se destacan:
- Derogar la exención del IVA para directores de empresas.
- Eliminar beneficios en el Impuesto a las Ganancias para las sociedades de garantía recíproca.
- Redireccionar fondos asignados por DNU a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
- Estas modificaciones fiscales buscarían compensar el gasto que generaría la actualización de haberes y el bono mensual.
La moratoria previsional se extendería hasta 2027
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la prórroga de la moratoria previsional, que permite acceder a una jubilación sin contar con los 30 años de aportes requeridos. La medida es vital para trabajadores informales o personas que no lograron completar los aportes al llegar a la edad jubilatoria. De aprobarse la ley, la moratoria se extendería hasta el año 2027.
La sesión de este jueves en el Senado se anticipa intensa, con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Mientras los bloques opositores intentan avanzar con un nuevo modelo previsional más inclusivo, el Gobierno se prepara para frenar la iniciativa por la vía del veto presidencial.
El resultado del debate marcará no solo el futuro inmediato de los jubilados, sino también el rumbo de la discusión política en torno al sistema previsional argentino.