Estrago doloso: pena de 8 a 20 años si se prueba intención.
Estrago culposo: pena de 1 a 5 años, con agravantes si hay víctimas.
Los peritajes deberán reconstruir cómo se inició el fuego, cómo se propagó y si hubo fallas humanas o técnicas.
Las dudas que analiza la fiscalía: sin sereno, sin seguro y con internas familiares
Aún no se descarta la participación de terceros. Una de las líneas de investigación apunta a que alguien ajeno a la dueña, como un exempleado o alguien con intención de perjudicarla, pudo haber provocado el incendio. Incluso se analiza el contexto familiar, marcado por una histórica interna en la familia Aloise.
El predio no tenía vigilancia nocturna ni sereno, y tampoco contaba con seguro contra incendios, lo que, para los investigadores, debilita la posibilidad de que la propia dueña haya buscado un beneficio económico con el siniestro.
Tampoco se logró recuperar imágenes de las cámaras internas: los DVRs estaban quemados. La fiscalía continúa recolectando registros de cámaras de seguridad externas, documentación eléctrica, habilitaciones y datos sobre el uso del galpón.
El depósito estaba clausurado, pero seguía operando
Otro dato clave se sumó en las últimas horas: la documentación oficial muestra que el Municipio había ordenado la clausura del predio en junio, pero seguía en funcionamiento al momento del incendio, bajo el nombre Al Tecno S.A.
“Entraban y salían vehículos diariamente”, indicaron desde la investigación. Si se comprueba que esa actividad continuaba sin habilitación, podría haber responsabilidad administrativa y penal si hubo condiciones que agravaron el riesgo, como sobrecarga eléctrica o mal almacenamiento.
Por eso, la fiscalía pidió reunir actas de inspección, antecedentes de clausuras, contratos de concesión y todo documento que permita establecer quién tenía el control del edificio y bajo qué condiciones.