Y pusieron el foco en los requisitos de “sostenibilidad ambiental, social y económica” que se solicitan por los países, los bloques económicos y las cadenas globales de suministro de alimentos, bebidas y fibras.
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Martins e Idígoras representaron a la agroindustria ante el ministro Cabandié.
“Estamos avanzando hacia una transición justa", sostuvo el ministro Cabandié. El funcionario de Gobierno remarcó que tal desarrollo sostenible implica tres dimensiones: ambiental, social y económica.
“Sin desconocer la necesidad de que la Argentina crezca generando empleo e igualdad social”, remarcó. "El Ministerio velará por elaborar los contenidos para las capacitaciones en base a los tratados internacionales y regionales, subscriptos por nuestro país, priorizando el marco normativo nacional”, apuntó.
La Ley cuyo número es la 27592 es un texto que presenta 15 artículos. En los mismos se compromete al personal público de los tres poderes del Estado, y en todos sus niveles, a ser parte de este tipo de capacitaciones.
El nombre de la Ley se debe a que el impulso de su tratamiento se produjo a raíz de la muerte en 2019 de la tucumana Yolanda Ortíz, doctora en Química, especializada en Toxicología. Ortíz se había estudiado en La Sorbona, Francia, y en 1973 se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo público en temáticas ambientales en Argentina, pero también en América latina.
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Yolanda Ortíz, científica argentina cuya labor en vida inspiró la "Ley Yolanda".
Por eso, la temática que emana de la Ley quedó concentrada en la redacción del artículo 5: “Los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”, remarca el texto.
Y su cumplimiento será obligatorio. Sobre ese punto se expresa el artículo 12. “Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web de la autoridad de aplicación”, expresa el texto.
El proyecto se convirtió en Ley al publicarse el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial con la firma de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional de la Cámara de Senadores.
Siguen las reuniones
Este jueves tendrá lugar una nueva cita entre los dirigentes de la cadena agroindustrial argentina y los funcionarios del Ministerio de Ambiente que lidera Cabandié.
“Se trata de reuniones técnicas”, remarcaron.
