Suba de retenciones a la soja: una redistribución de ingresos con algunos riesgos

En los hechos, el nuevo mapa de retenciones contempla la suba del 10% a la soja, bajas que van del 2 al 7% a una treintena de productos y un sistema de compensación a productores chicos a medianos que en el ciclo anterior hayan producido hasta 1.000 toneladas de soja.

El resultado de estas variables deja un “saldo fiscal igual a cero”, subrayó Basterra en diálogo con la prensa.

Si no hay mayores ingresos para el Estado ¿Por qué la medida? “Responde a una convicción doctrinaria de equidad territorial y social. Con este incremento, compensamos a tres de cada cuatro productores que hacen soja”, razonó el Ministro.

Los números presentados en Agricultura, arrojan que la compensación alcanzará a 42 mil productores que representa el 74% de los que hacen soja. “Se trata de productores de no más de 250 ha”, subrayó.

Según Basterra, en el paquete entraron en consideración “producciones de soja de menor escala, que normalmente tienen más costos”, y calificó el acceso de los productores al mecanismo como “un derecho, más que un beneficio”.

El dato extra: las compensaciones serán solo para esta campaña; para la próxima se trabajará sobre “cuáles son las variables que impactan sobre la economía”, indicó. También se trabajará con la Mesa de Enlace en la construcción de un sistema impositivo, con mayor impacto en Ganancias.

Por otra parte, el ministro fundamentó la baja a 5% de los derechos de exportación a muchas economías regionales. Para Basterra, cuando se actualizaron las retenciones en diciembre “quedaron economías con una carga superior a la que consideramos razonables”.

El funcionario aprovechó para fustigar la política agropecuaria de Mauricio Macri y de su predecesor en el cargo, Luis Miguel Etchevehere. “No tenían en consideración la diferencia de escala, era capitalismo salvaje puro, que dejaba al pequeño productor en el camino por la ley de la competencia”, consideró. Por eso, “la compensación es una forma de no seguir perdiendo productores”, aunque admitió que también hay que desarrollar otras políticas.

El paquete de medidas se pensó apuntando a la responsabilidad fiscal. En ese sentido, el compromiso asumido por Basterra frente al ministerio de Economía y la misma Casa Rosada, es que el nuevo esquema no puede significar un costo extra para el Estado.

De ahí la idea de que los recursos para apuntalar a algunos productores salgan del mismo sector. “Tenemos que ser serios en la administración de las finanzas, esto nos costó muchas horas de trabajo con Economía. Como dijo el Presidente, quienes están en condiciones de aportar tienen que colaborar”, resaltó.

El impacto

Con el concepto de “ingreso fiscal 0”, el Gobierno dio un golpe duro al principal argumento de rechazo por parte de los productores: la avidez de un Estado que no achica sus gastos y que recurre siempre al campo para saldar su necesidad de recursos.

Pero otra objeción a la medida aún se mantiene en pie. Se trata del temor por el impacto sobre la rentabilidad del 77% de la producción de soja de la Argentina, que sufrirá de lleno un derecho de exportación del 33%, sin compensación alguna.

El gerente de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBB), Agustín Tejada, planteo recientemente que "la soja podría perder unas 400 mil hectáreas en la próxima campaña”.

El dato a tener en cuenta es que de acuerdo a los números de la BCBB con retenciones al 33% el 38% por siento de la superficie de soja, tiene menor probabilidad de cubrir sus costos.

Esto es lo que podría impulsar a los productores a optar por otros cultivos en remplazo de la soja (algo que el propio gobierno plantea como deseable) o a avanzar con la oleaginosa, pero reduciendo la inversión en tecnología, con una consecuente baja en los rindes. Un dato no menor teniendo en cuenta que en 2019 la soja y sus derivados aportaron USD 16.500 millones, convirtiéndose en el principal introductor de divisas de la Argentina. En este punto, pareciera que el Estado se perjudica a si mismo, atentando contra sus propios recursos.

Entrando en el terreno político, aún no hay explicaciones sobre el modo en que se manejó la puesta en marcha del nuevo esquema de retenciones. Durante nueve días se generó incertidumbre en el negocio y exacerbó el malestar entre los productores, quiénes se volcaron a las rutas y convocaron a medidas de fuerza, situación que aún tiene un final impredecible.

Más allá de las decisiones que tome la Mesa de Enlace de ir o no a un paro, las primeras respuestas a estas dudas aparecerán a partir de abril, evaluando el ritmo de venta de la nueva cosecha de soja, y mayo, cuando arranque la siembra de trigo. No olvidar: si quisiera, el Ejecutivo aún podría aumentar 3 puntos de retenciones a este cereal.

Así parece, el otoño será el monto clave para evaluar como quedó la confianza de los productores hacia el Gobierno.