“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, insisten los defensores.
La edad como criterio legal
Otro de los pilares del pedido es la edad de la ex Presidenta, que ya superó los 70 años, umbral legal a partir del cual se presume una mayor vulnerabilidad. Citan el artículo 32 inciso “d” de la Ley 24.660, que permite el cumplimiento de penas en el domicilio en esos casos, y fallos previos de la Corte Suprema —como el caso “Alespeiti”— que avalan esa interpretación.
En esa línea, mencionan también la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que promueve el uso de penas alternativas por razones humanitarias.
“No se trata de un privilegio personal ni de impunidad”, afirma el texto.
Custodia estatal y sin tobillera
En el escrito también se detalla que la custodia estatal sobre CFK es permanente, y por eso descartan que sea necesario usar tobillera electrónica. Según sus abogados, ese dispositivo sería redundante y una “dilapidación de recursos”, ya que su ubicación y movimientos ya están controlados por fuerzas federales.
Además, pidieron que las notificaciones se hagan por videollamada y no de forma presencial, para evitar operativos de seguridad innecesarios y riesgos personales.
Mientras el tribunal analiza el planteo de fondo, la defensa pidió que se habilite de forma inmediata la detención domiciliaria provisoria.
Finalmente, advirtieron que si el pedido es rechazado, recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales por posible violación de derechos fundamentales.
“Una eventual denegatoria de este planteo habrá de lesionar principios y garantías básicos reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, concluye el texto.
Informe: Rosario Bigozzi