En primera instancia, el juez Alberto Anderson Filho rechazó el pedido de liberación, citando la gravedad de los hechos y apoyándose en la Ley 14.532 promulgada en Brasil en 2022, que equipara la injuria racial con el racismo, un delito que no admite fianza. Las penas por este tipo de conductas oscilan entre los dos y cinco años de prisión, y pueden duplicarse si son perpetradas por varias personas en conjunto.
La abogada paulista Thaís Sankari, quien asumió la defensa de las jugadoras, argumentó que las acciones fueron una reacción a una supuesta agresión previa del alcanzapelotas identificado como víctima. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y las futbolistas podrían enfrentar un proceso judicial en Brasil.
El regreso de las jugadoras a la Argentina no implica el cierre del conflicto. A nivel deportivo, el club Gremio expresó su repudio a través de un comunicado oficial, mientras que River aún no se pronunció sobre eventuales sanciones internas hacia las involucradas.
Este episodio, que suma otra página oscura a los casos de discriminación en el fútbol, pone sobre la mesa la necesidad de un cambio cultural en el deporte y un abordaje más contundente contra el racismo.