A pocas horas del cierre de la recepción de aceptaciones a la oferta argentina para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera, las adhesiones se ubicaban cómodamente por debajo del 40%. Como el ministro Martín Guzmán había fijado un umbral de 50% para avanzar en la operación, la misma está condenada al fracaso por segunda vez.
La mentirita
Tras la baja aceptación de los bonistas, el Gobierno evalúa prorrogar la oferta
El 8 de mayo pasado fue el primer cierre de recepción de aceptaciones a una oferta argentina, valuada en 38 dólares por cada u$s 100 de deuda. Bonistas con alrededor del 18% del total adhirieron a la misma, lo cual obligó a Guzmán a comenzar con la serie de prórrogas de vencimientos para evitar convalidar el alto rechazo obtenido.
El vencimiento actual es el martes 4 de agosto y en el equipo económico evaluarán el lunes 3 disponer o no una nueva prórroga. La baja adhesión no debe sorprender: el martes los tres grupos de acreedores del país, unidos, emitieron un comunicado en el que destacaban que rechazaban la oferta y al mismo tiempo informaban que poseían el 60% de los bonos emitidos en los canjes del 2005 y 2010 y el 51% de los bonos emitidos desde el 2016. La unidad de los bonistas es tal que tienen un contrato firmado por el cual no pueden adherir a ofertas argentinas si no lo hacen todos en conjunto.
La credibilidad del ministro de Economía ha ido en constante descenso en la negociación. Es que frases como "no podemos pagar más" y después proceder a mejorar sustancialmente la oferta provocaron que la contraparte hiciera caso omiso a sus declaraciones. Lo mismo con la frase "es la última oferta".
La credibilidad del ministro de Economía ha ido en constante descenso en la negociación. Es que frases como "no podemos pagar más" y después proceder a mejorar sustancialmente la oferta provocaron que la contraparte hiciera caso omiso a sus declaraciones. Lo mismo con la frase "es la última oferta".
El problema para el Gobierno es que ni siquiera puede avanzar en canjes parciales, lo que igualmente era un sinsentido. Por ello, la salida política, inclusive, es la postergación de vencimientos de recepción de ofertas y abrirse a negociaciones dada la escasa diferencia entre las partes. Los acreedores en el último comunicado se mostraron dispuestos a obtener una solución de consenso que beneficie a las dos partes.
Pero nada es gratis. El costo de seguir demorando el cierre del acuerdo es alto, dado que se siguen devengando intereses sobre los 68 mil millones de dólares de la deuda bajo legislación extranjera. De hecho, en la oferta argentina existe un bono para pagar los intereses vencidos con un vencimiento al 2030. Podría estimarse en 500 millones de dólares mensuales ese costo de seguir extendiendo plazos. Pero al menos todo indica que en esta ocasión será la última extensión.
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