Se acerca el vencimiento del Impuesto a la riqueza, cuya presentación de la declaración jurada vence en diez días, el martes 30. La gran incógnita es el monto que podrá recaudar la AFIP y en definitiva las personas que optarán por el camino judicial ante las varias aristas de eventual inconstitucionalidad que reviste el “Aporte Solidario”, tal como se lo denomina en la ley aprobada por el Congreso.
Presión tributaria
Impuesto a la riqueza: el 70% de los clientes de grandes estudios contables apunta a ir a la Justicia
Cuál es el dilema de los casi 15 mil alcanzados por el aporte. El temor a represalias "extra AFIP". El indefinido caso de los que se mudaron a Uruguay.
El beneficio que la AFIP otorga a las Pymes será válido hasta fines de agosto.
Un relevamiento entre los grandes estudios contables que operan en el país refleja que el 70% de los alcanzados está estudiando el camino de la presentación judicial o directamente no pagar con definiciones que se harán en la próxima semana.
Una de las distinciones que puede hacerse en el dilema de los alcanzados pasa por el monto a pagar: si es menor a los $10 millones, la mayor parte opta por el pago del impuesto dado que el camino judicial y los riesgos que implica ese sendero son mayores a lo que está en juego. Pero a medida que ese monto va en aumento, la resistencia se mueve en igual sintonía.
Allí empiezan a jugar otros factores en la decisión. Si la persona afectada tiene una actividad ligada directamente con el sector público, entonces para prevenir posibles represalias oficiales, se opta por la presentación y pago ante la AFIP.
En esos casos, el razonamiento de la persona es que lo que se evita pagar por un lado, se puede perder en contratos o licitaciones a futuro que se cancelen desde el gobierno nacional.
Un capítulo aparte es el de las personas que optaron por radicarse en el exterior, Uruguay principalmente, antes de la aprobación de la ley y su promulgación el 18 de diciembre pasado.
En ese caso, obviamente todos aquellos que tomaron esa decisión de mudarse no pagarán el impuesto y la batalla legal es otra, ya no la confiscatoriedad (al menos de arranque). La puja judicial es si realmente están o no alcanzados por la ley dado que se sancionó luego de su radicación en otro país.
La “campaña del miedo” tiene una nueva vertiente en este impuesto a la riqueza. A los cerca de 15.000 alcanzados, a quienes no paguen, el gobierno podría apuntarles con medidas por fuera de la AFIP.
No sólo contra los que tienen contratos con el sector público. Aquí podrían entran en juego las trabas para importar por ejemplo. O reembolsos a exportadores. Seguramente algún funcionario tildará y confeccionará una lista de las personas que no pagaron y sobre esa se lanzará la embestida oficial.
¿Cuáles son los caminos judiciales en estudio?
Los amparos ya no son tan recomendados por los abogados especializados en el área y crecen las “Acciones Declarativas”. Este camino es una herramienta para asegurar que prime un derecho constitucional, mediante una vía procesal autónoma y de excepción, de trámite sumario o sumarísimo.
Apunta a salvaguardar los derechos y garantías que la Constitución Nacional otorga, cuando una norma legal provincial, municipal o administrativa los vulnera. Cabe aclarar que cada caso es diferente. No es comparable a lo sucedido con los amparos presentados durante el “corralito”. Los trajes en este caso son a medida.
El partido está por empezar. Final abierto.
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