El juicio oral y público sobre presuntas irregularidades detectadas en obras públicas viales adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 arrancó el 21 de mayo.
La denuncia fue presentada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016 por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo en ese entonces de Javier Iguacel. La investigación en la etapa de instrucción la hicieron el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita con el fiscal Ignacio Mahiques, que ingresó al expediente como coadyuvante de Pollicita y fue designado especialmente por el Gobierno.
Entre los trece imputados, además de Cristina, están el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; el dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo de Néstor Carlos Santiago Kirchner; el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti; el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; y los ex miembros de Vialidad Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez.
