Cambios en la Justicia Federal y sistema acusatorio: qué medidas analiza el gobierno electo sobre el Poder Judicial

El nuevo gobierno supone que habrá varias jubilaciones en los próximos meses. Algunos jueces, como Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y María Servini ya tienen otorgado el régimen previsional especial de los magistrados y pasarían a cobrar un salario bastante similar al que perciben actualmente al día siguiente de una eventual renuncia. Una situación similar se vive en la Cámara Federal y especialmente en la Cámara de Casación, el máximo tribunal del país.

En la Procuración General de la Nación, desde que Cambiemos forzó la salida de Alejandra Gils Carbó el timón está en manos, interinamente, de Eduardo Casal. Alberto Fernández propondrá un candidato a procurador para ocupar el cargo de manera permanente y Casal podría poner fin a una larga carrera en el Ministerio Público Fiscal.

Una de las principales medidas que por estas horas evalúa la mesa chica judicial es la extensión del fuero federal porteño.

Se trata de la remake de un viejo proyecto de Gustavo Béliz durante el gobierno de Néstor Kirchner, que consiste en que todos los jueces penales de la Capital Federal (los de Comodoro Py, más los de instrucción ordinaria, más los del fuero Penal Económico) estén habilitados para intervenir en delitos federales.

Así, a modo de ejemplo, Julián Ercolini o María Eugenia Capucetti podrían investigar un femicidio y Luis Zelaya o Yamile Bernan, una defraudación en perjuicio de la administración pública por la que esté acusado un funcionario del gobierno nacional.

Las causas por corrupción que ya están en manos de los 12 jueces de Comodoro Py no sufrirían cambios. Pero las nuevas denuncias dejarían de estar concentradas en esos pocos despachos y se repartirían por sorteo entre casi un centenar de magistrados de primera instancia.

También se unificarían la Cámara Federal y la Cámara del Crimen, y en la tercera instancia la Cámara Nacional de Casación y su gemela, la federal.

En ese reacomodamiento, algunos o todos esos tribunales revisores podrían convertirse en tribunales orales, es decir tribunales de juicio. Un primer beneficio directo sería la desaparición de las cuestiones de competencia a raíz de la naturaleza de los delitos.

Gustavo Béliz está en la Argentina y, aunque con perfil muy bajo, ha mantenido reuniones de trabajo con Alberto Fernández. Sin embargo no se insinúa él como quien motorice esta iniciativa.

La extensión del fuero penal federal porteño, según lo que anda merodeando por las cabezas judiciales del nuevo gobierno, podría complementarse con la implementación del sistema acusatorio.

¿En qué consiste? Hasta hoy, las investigaciones penales pueden estar en manos de los jueces o de los fiscales. Más aún: por un artículo del Código de Procedimientos, los jueces pueden incluso elegir qué causas investigarán por sí mismos y cuáles delegarán en los fiscales.

De esa manera, los jueces producen las pruebas que ellos mismos evalúan para procesar o sobreseer. Existe una vieja discusión nunca saldada adecuadamente sobre si tal situación no contradice la garantía de la independencia judicial.

El sistema acusatorio determina que quienes investigan son los fiscales. Producen y reúnen la prueba y la someten al control de garantías constitucionales de los jueces, que conservan el poder de decisión pero sólo juzgan los elementos que les llevan ante sus escritorios los fiscales. Así funciona –con dispar eficacia- en el Poder Judicial porteño y en territorio bonaerense, además de otras varias provincias.

Uno de los objetivos es acelerar los tiempos. Producido el hecho delictivo, los fiscales reúnen toda la prueba, el juez controla que no se hayan violado las garantías de debido proceso y defensa en juicio, y si todo está bien, el expediente pasa a la etapa de debate oral.

La absolución o la condena es revisada por un tribunal de Casación y queda una última instancia en la Corte Suprema para controlar que no hayan existido arbitrariedades inadvertidas a lo largo del proceso.

La combinación de ambas reformas diluirá el poder (y la capacidad de influir sobre y desde) de los jueces, y focalizará la investigación en el Ministerio Público Fiscal, que según su ley orgánica es un organismo extra poder, que trabaja con el Poder Judicial pero no depende de él.

En carpeta también figura una eventual reforma del Consejo de la Magistratura. La conformación actual, de 13 miembros, fue una iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, antes de asumir en 2007 su primera presidencia. Funcionó peor que en su esquema anterior, de 20 consejeros.

Dos fallos judiciales determinaron que la actual constitución del cuerpo debe modificarse. Uno le “devuelve” representantes al estamento de los abogados (tenían cuatro y quedaron en dos) y el otro directamente ordena regresar a los 20 consejeros. Ninguno de los dos está firme, pero podrían ser la llave para producir el cambio.

Finalmente también figura en agenda una nueva política de cárceles. No se trata sólo de construir más sino de cumplir y respetar el artículo 18 de la Constitución: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.