Su abogado, Oscar Miranda, pidió la absolución por el “beneficio de la duda”, ya que consideró que “la única prueba en su contra es su primera declaración”, durante la investigación, en la que se autoincriminó.
Pero en la primera jornada del juicio, Gramajo denunció que fue “apretado por la policía” para “hacerse cargo del hecho”.
“Me apretó la policía para hacerme cardo del hecho. Amenazaron a mi familia para que me entregue. Yo no tuve nada que ver. Estaba con mi mujer, no estuve en el lugar de los hechos. No sé cómo pueden probar que era yo”.
En esa línea, su defensor sostuvo que en esas circunstancias “la autoincriminación no alcanza para condenarlo”.
Su consorte de causa, Peláez, prefirió no pronunciar sus últimas palabras, un derecho que el Tribunal ofrece a los imputados previo a pasar a deliberar y dar a conocer su decisión.
Su abogado, Daniel Santángelo, sostuvo durante su alegato que “no ha quedado acreditada la participación” de su defendido en el hecho.
En ese sentido, remarcó que hay “dudas” sobre el vehículo utilizado para el trágico intento de atraco y subrayó que ni la víctima, ni su pareja María Isso, pudieron reconocerlo como participante en el hecho.
En ambos casos, los defensores pidieron subsidiariamente que en caso de condena les fuera aplicado el mínimo de la pena legal, pero el tribunal desoyó ese planteo.
El fiscal de juicio, Fernando Fiszer, había pedido la pena de 13 años y cuatro meses para ambos, aunque en el caso de Gramajo, como registraba antecedentes, reclamó la unificación en una condena a 13 años y siete meses de encierro.
Los imputados llegaron al debate detenidos y así permanecerán hasta la revisión de la sentencia por parte de la Cámara de Casación porteña.