En el plano administrativo, el Consejo de la Magistratura tiene que iniciar una investigación interna derivada del pedido de la Corte Suprema que sospechó el modo en que se designó a Eduardo Farah para intervenir en el caso. El consejo deberá averiguar por qué no se hizo un sorteo para elegir al juez que debía desempatar el caso, ya que Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia tenían posiciones encontradas.
Además, el Consejo debe iniciar otra investigación anclada en la presentación de Elisa Carrió que, directamente, introdujo la sospecha de una coima y señaló la probabilidad que un empleado de la firma ligada a Cristobal Lopez, Casinos de Buenos Aires, trabaje con el juez Farah
Cómo sigue. Desde cuatro lugares el Estado empieza a reconstruir que pasó concretamente el viernes pasado cuando Cristóbal López y sus compañeros de causa recibieron la buena noticia de que eran investigados por un delito que se extingue con el pago de una suma de dinero.
Esos cuatro lugares están interconectados, ya que lo que pase en uno de ellos va a repercutir en el otro. Cualquier sospecha que se corrobore sobre la integración de la Sala puede acarrear la nulidad de la decisión.
Si se confirma que hubo dinero además nacería la posibilidad de destituir a los jueces. Finalmente si personas ligadas a López trabajaban con el juez Farah, esa situación dejaría al magistrado en un lugar incómodo, porque debería haberse excusado para intervenir.
Cuatro caminos y cuatro escenarios posibles que pueden iluminar una cuestión que oscurece a la justicia