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Endurecen la ofensiva y los aprietes contra los fiscales que investigan al poder

por Catalina de Elía | 27 de septiembre de 2018 - 02:50
Endurecen la ofensiva y los aprietes contra los fiscales que investigan al poder

Durante la gestión Cambiemos en el Ejecutivo y sus extensiones en la justicia, al fiscal Federico Delgado le tocó investigar al mismísimo presidente Mauricio Macri, al jefe de inteligencia y amigo de Macri Gustavo Arribas, al amigo y operador judicial del presidente Daniel Angelici, al ex titular del Banco Central y amigo del presidente Luis Caputo, al jefe de gabinete Marcos Peña, entre otros. Investigaciones que por motivos diversos fracasaron.

Durante la gestión Cambiemos en el Ejecutivo y sus extensiones en la justicia, en Comodoro Py al fiscal Delgado lo denunciaron tres imputados que él estaba investigando y los jueces nombrados por el Gobierno en la Cámara Federal le dieron lugar a esas acusaciones. Las denuncias contra el fiscal fueron hechas por el abogado Víctor Stinfale (Time Warp), el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y amigo del presidente Mauricio Macri, Gustavo Arribas, (Odebrecht) y el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez (Odebrecht).

Concretamente, por estos días la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia de Jorge “Corcho” Rodríguez pero le rechazó a Delgado el pedido de nulidad del llamado a indagatoria que hizo el juez Marcelo Martínez de Giorgi (cuya mujer está concursando para ser nombrada jueza en la provincia de Buenos Aires) por la denuncia de Stinfale.

Además, hace dos semanas, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens (uno de los candidatos a camarista de la mesa judicial del presidente Mauricio Macri) ordenaron reabrir la causa contra los fiscales Delgado y Sergio Rodríguez, a pesar de que había sido desestimada por el juez Daniel Rafecas y el fiscal Gerardo Pollicita.

Mientras Delgado intenta defenderse de las causas que le armaron en soledad, el Ministerio Público Fiscal permanece en un silencio institucional que preocupa. Los únicos que siguen con atención el caso son los fiscales de primera instancia de Comodoro Py y los miembros de la Coalición Cívica, ala judicial “republicana” de Cambiemos, que expresaron a este espacio su preocupación:

“Nosotros sostenemos que un fiscal tiene que investigar e investigarnos libremente. La investigación contra Federico Delgado es la respuesta de la Corporación Judicial a alguien que no es parte del sistema. Es raro que hoy no tengamos jueces para investigar la conexión del hermano del juez Ariel Lijo con la Mafia de los Cuadernos y por el contrario se pretenda investigar a un fiscal por cómo trabaja”. “Nosotros sostenemos que un fiscal tiene que investigar e investigarnos libremente. La investigación contra Federico Delgado es la respuesta de la Corporación Judicial a alguien que no es parte del sistema. Es raro que hoy no tengamos jueces para investigar la conexión del hermano del juez Ariel Lijo con la Mafia de los Cuadernos y por el contrario se pretenda investigar a un fiscal por cómo trabaja”.

El caso de Delgado, a pesar de ser el más fuerte y evidente, no es el único caso de persecución a funcionarios judiciales que investigan al poder.

A los fiscales Gabriela Boquín y Juan Pedro Zoni, a quienes les tocó investigar la causa del Correo que involucra a la familia presidencial, también les tocó lo suyo. Igual que al fiscal Gabriel De Vedia cuando prestó atención a los movimientos de los fondos de la Anses.

A Boquín intentaron desgastarla con trámites administrativos y amenazas. A Zoni, más allá de que su designación por parte de Alejandra Gils Carbó fue discutible, lo trasladaron tras haberle solicitado al juez Lijo las primeras medidas para investigar la causa.

Puntualmente, cuenta la colega Emilia Delfino de Perfil, que Zoni le había pedido al juez Ariel Lijo estudiar el rol del estudio jurídico del diputado oficialista y consejero Pablo Tonelli en el caso del Correo.

Cabe recordar que el juez Lijo, que mantiene en pausa la investigación sobre el Correo, zafó de una investigación en su contra por sospechas en su evolución patrimonial por decisión de la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura, entre quienes se encuentra Tonelli.

Tanto enojo causó esto en la Coalición Cívica, que unos días después del “perdón al juez” en el Consejo, Elisa Carrió y Paula Olivetto denunciaron a Lijo en Comodoro Py. Pero la denuncia aún tiene fuertes resistencias de los magistrados para ser investigada. El caso de De Vedia es similar: fue trasladado a una fiscalía de otro fuero.

Estos sutiles movimientos constituyen, como enseñó Michel Foucault, poderosos mecanismos de disciplinamiento a través de los cuales el poder se apodera de las voluntades y diseña un formato social que le permite perdurar manteniendo dos prácticas. Una voz declama gobierno de la ley y una práctica real castiga a quienes se cumplen la ley del régimen.

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