Duro pedido contra la psicóloga que revinculó a Ángel con su mamá

El caso tomó aún más fuerza tras la difusión pública de un audio registrado por el propio padre durante una reunión en el establecimiento educativo al que asistía Ángel. En esa grabación, que rápidamente se viralizó, puede escucharse un intercambio cargado de tensión entre López y la psicóloga denunciada.

Durante la conversación, Luis López insistía en que su hijo mostraba señales alarmantes y reclamaba ser escuchado por las autoridades, advirtiendo reiteradamente que el niño no se encontraba bien. Del otro lado, la profesional lo acusaba de mantener una actitud conflictiva y de generar situaciones de violencia.

El contenido de ese material se convirtió en una pieza sensible dentro de la investigación, ya que para la querella podría reflejar advertencias previas desoídas por parte de quienes tenían responsabilidades institucionales en el seguimiento del caso.

La causa judicial ahora incorpora una compleja red de pruebas que incluye testimonios, informes técnicos, antecedentes de intervenciones previas y transcripciones de distintas grabaciones. Todo este material comenzó a ser analizado para determinar si hubo errores graves en la cadena de decisiones que derivaron en la revinculación.

Uno de los puntos más delicados radica en que Jennifer Leiva ya había sido previamente cuestionada por la Fundación Más Vida, organización que habría advertido irregularidades en sus informes profesionales. Según trascendió, esos informes tuvieron peso significativo en decisiones judiciales vinculadas al traslado del niño con Mariela Altamirano.

Para la familia de Ángel, este antecedente fortalece la hipótesis de que existieron deficiencias estructurales en el sistema de protección, donde informes técnicos potencialmente defectuosos pudieron influir de manera determinante sobre resoluciones judiciales sensibles.

Luis López sostiene además que al momento de acercarse a la escuela no pesaba sobre él ninguna restricción judicial, por lo que considera que sus advertencias debieron haber sido atendidas con mayor seriedad. Según afirmó, posee registros audiovisuales que podrían demostrar falencias en el seguimiento del bienestar del menor y en la actuación de distintos organismos intervinientes.

La conmoción generada por el caso excedió rápidamente el plano judicial y se transformó en un reclamo social de gran magnitud. En distintas ciudades comenzaron a organizarse movilizaciones y concentraciones impulsadas por vecinos, agrupaciones civiles y organizaciones de protección infantil.

Uno de los puntos más emblemáticos de estas manifestaciones fue el Obelisco, donde numerosas personas se congregaron para exigir justicia por Ángel y reclamar mayor control sobre los mecanismos estatales de revinculación familiar. Con carteles, velas y consignas, los asistentes reclamaron transparencia institucional y una investigación profunda sobre todos los actores involucrados.

El Ministerio Público Fiscal analiza actualmente la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas por la querella, entendiendo que podrían ser necesarias para evitar la alteración o pérdida de elementos probatorios cruciales.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que en las próximas semanas podrían desarrollarse nuevas audiencias, donde se incorporarán más testimonios y peritajes técnicos. Estas instancias serán decisivas para determinar si existieron responsabilidades individuales o fallas sistémicas dentro del aparato estatal de protección de menores.

A más de un mes del fallecimiento de Ángel, la investigación se orienta no solo a establecer qué ocurrió en las horas previas a su muerte, sino también a reconstruir con precisión toda la cadena institucional que intervino en su situación familiar.

El eje central pasa por determinar si organismos, profesionales y funcionarios actuaron correctamente o si hubo omisiones severas que pudieron haber evitado el desenlace.

La posible resolución judicial respecto a Jennifer Leiva es observada con enorme expectativa, ya que podría constituir un precedente relevante sobre el rol y la responsabilidad de psicólogos, peritos y equipos técnicos en procesos de revinculación familiar judicializada.

Especialistas en derecho de familia y protección de la niñez remarcan que este tipo de decisiones suelen apoyarse fuertemente en evaluaciones interdisciplinarias, por lo que cualquier falla en esos informes puede tener consecuencias devastadoras.

Para la familia de Ángel, la prioridad sigue siendo que cada eslabón institucional sea investigado a fondo. El objetivo no solo apunta a determinar eventuales culpabilidades penales, sino también a exponer posibles errores estructurales para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.

En medio del dolor, Luis López continúa encabezando una lucha que ya trascendió lo personal para convertirse en un símbolo de reclamo colectivo. Su insistencia en visibilizar presuntas fallas estatales, sumada al respaldo social creciente, mantiene el caso en el centro de la agenda pública.

Mientras avanza el expediente, el pedido de justicia se fortalece con una exigencia concreta: esclarecer cada decisión, cada informe y cada intervención que formó parte del proceso que debía proteger a Ángel, pero que terminó rodeado de cuestionamientos.

La sociedad sigue atenta a una causa que podría redefinir responsabilidades institucionales y abrir un debate profundo sobre la eficacia de los mecanismos de protección de la infancia en contextos de alta vulnerabilidad.

El desenlace judicial todavía está en construcción, pero para la familia y para miles de personas movilizadas, el objetivo es claro: que la muerte de Ángel no quede reducida a una tragedia individual, sino que impulse cambios reales en un sistema bajo sospecha.