La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, dispuso reducir al mínimo la participación de agentes de inteligencia en las investigaciones judiciales de delitos comunes, dando así el primer paso en la anunciada limitación a la presencia de espías en Comodoro Py 2002.
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La interventora de la AFI dispuso la reducción al mínimo de la intervención de espías en causas judiciales comunes
Mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, la titular interina de la AFI notificó la decisión a la Corte Suprema, a la Procuración General de la Nación y “a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país”.
Ello, “a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de esta Agencia en actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción”.
Esas investigaciones –aclara la resolución- “resultan además propias de otros organismos estatales”.
La medida apunta a que “los medios técnicos y humanos de esta AFI se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional”.
La interventora adoptó la decisión mediante la Resolución 17/2020, cuya vigencia rige desde hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial.
Los considerandos de la medida recuerdan que desde la asunción de Alberto Fernández como presidente fueron derogadas normas que había dispuesto la anterior administración, que implicaban “un notorio retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Aquellas decisiones dispuestas por el gobierno de Cambiemos “han sido la condición necesaria para provocar interferencias en el funcionamiento de los demás Poderes Constitucionales del Estado Nacional y afectar, simultáneamente, los derechos y garantías de los habitantes de la Nación”.
Los considerandos hacen hincapié también en la decisión sobre el “régimen de administración de fondos del Organismo garantizando así la mayor transparencia respecto a aquéllos de carácter reservado”.
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