También el gobierno defendió la controvertida doble vara de la justicia federal para resolver casos similares. Mantuvieron el rol de los famosos operadores, que hasta incluso fueron objeto de artículos periodísticos no desmentidos y fotografías. Pero fueron actores relevantes para cubrir cargos importantes en la administración de justicia.
A los funcionarios judiciales que promovieron “investigaciones molestas” decidieron hostigarlos de un modo paralegal. Eligieron participar de causas electoralmente remunerativas para Cambiemos a través de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera, que se mantuvieron en silencio en los casos que los rozaban.
El Consejo de la Magistratura utilizó sus poderes contra jueces “enemigos” y también para los “amigos”. Toleró el mecanismo de los traslados y no cubrió algunas vacantes clave, como la que dejó el ex juez Norberto Oyarbide y otros juzgados estratégicos de las provincias.
A juzgar por esta enumeración general de hechos, Cambiemos no se apartó de la inercia histórica de la política partidaria con la justicia. Pero su luna de miel empezó a terminar. En efecto, aquel matrimonio que compartía intereses que perduró durante gran parte de 2016, 2017 y 2018 tuvo su primera gran crisis con la citación del juez Claudio Bonadio a Franco y Gianfranco Macri.
Otra vez parece que se repite la historia: cuando el gobierno empieza a perder poder, la justicia muestra sus colmillos.
¿Por qué a pesar del plan “Justicia 2020”, de las persistentes críticas al “modelo Comodoro Py” Cambiemos no pudo quebrar esta lógica?
Se me ocurren tres breves respuestas. La primera es obvia: que lo intentaron y no pudieron. La segunda es la típica: los gobiernos utilizan el dispositivo judicial con una lógica particularista; buscan protección para sí y “justicia” para el resto.
La tercera los deja peor parados: quizás la dirigencia política subestimó una vez más el “modelo Comodoro Py”. No midió las resistencias, las estrategias de supervivencia y el poder que concentran doce magistrados que tienen en sus manos las sospechas de corrupción de todo el gobierno federal, las sospechas de lavado de dinero de todos los ciudadanos y los grandes casos de narcotráfico de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.