A diez semanas del comienzo de la campaña electoral, Cambiemos parece tener controlada la investigación sobre cómo financiaron sus campañas en 2015 y 2017.
A diez semanas del comienzo de la campaña electoral, Cambiemos parece tener controlada la investigación sobre cómo financiaron sus campañas en 2015 y 2017.
Es que la causa que instruye el juez federal Ernesto Kreplak por presunto lavado de dinero, falsedades ideológicas y dádivas en las campañas de Cambiemos está a un paso de pasar a la justicia electoral y cumplir los deseos de los apoderados del PRO Pablo Clusellas, Patricio Blanco Ilari y Matías Burgos. El juez de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín ordenó que el magistrado con competencia electoral de La Plata Adolfo Ziulusea quien decida quién debe investigar los hechos, algo que el propio Ziulu consideró desde el principio.
El PRO ya logró cumplir con la mitad de su cometido: el 11 de octubre el juez Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal, decidió apartar a Sebastián Casanello de la investigación y le ordenó remitir el expediente a Ziulu. Dijo Irurzun:
Tanto Kreplak como Casanello rechazaron los pedidos de pasar el expediente a la justicia electoral por entender que si las causas pasan a la justicia electoral como pretende el PRO, los imputados serán investigados solo por irregularidades electorales, cuyas sanciones son muchísimo menores que las sanciones penales. A pesar de ello, la pulseada jurisdiccional parece estar del lado de Cambiemos.
Mientras tanto, el juez Kreplak avanza con la investigación y los datos que obtuvo hasta ahora son llamativos: una cuarta parte de todos los aportantes de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante de 2017 son pobres. Según la reconstrucción de los investigadores, de los 4.721 aportantes hay 567 beneficiarios de planes sociales y 580 monotributistas sociales.
Por estas horas, el magistrado trabaja sobre los aportantes de sumas más elevadas y sobre las empresas vinculadas a estas personas. También analizan a quienes figuran como empleadores de los aportantes registrados como trabajadores en relación de dependencia, que son llamativamente pocos.
Además, esta semana empezaron a declarar los que figuran como depositantes en efectivo el 4 de octubre de 2017 en la sucursal del Banco Nación de la Avenida Alvear y los que depositaron el 5 de octubre de 2017 en la sucursal Florida (microcentro). Todos negaron haber concurrido haber ido a ese cajero a hacer el depósito. Algunos negaron haber hecho aportes y otros admitieron haberlo hecho a partir de la compra de mesas en las cenas de recaudación.
El martes declaró Hugo Alconada Mon a partir de lo que publicó en su libro “La Raíz de todos los males”.
Según el colega, los candidatos presidenciales de 2015 Mauricio Macri y Daniel Scioli gastaron varias veces más de lo que declararon.
“Ese dinero que jamás blanquearon ni Macri ni Scioli salió de los empresarios, muchos de ellos protagonistas de los cuadernos de Centeno, así como también del Estado, utilizando la maquinaria oficial para fines partidarios o recolectando el “diezmo” de sueldos de funcionarios y empleados públicos, entre otros”, escribió.
Alconada Mon además ratificó que Nicolás Caputo y Edgardo Cenzón estuvieron a cargo la recaudación de la campaña de 2015. En 2017 ellos ya no estuvieron y es una hipótesis de por qué las irregularidades salieron a la luz.
Lo que dice el libro “La Raíz de todos los males”, las revelaciones de los arrepentidos de los cuadernos de Centeno ante el juez Claudio Bonadio sobre el presunto financiamiento de las campañas del kirchnerismo con dinero obtenido de forma ilícita a través de coimas que pagaban los contratistas de la obra pública y las causas sobre los aportes truchos de Cambiemos ponen en la mesa algo central que va mucho más allá de los hechos concretos: la falta de reglas claras para financiar la política.
A meses del inicio de la campaña 2019 las preguntas son muchas: ¿cómo se van a financiar sus campañas los distintos candidatos y partidos políticos? ¿cómo y quién va a controlar esto? ¿cuál será el impacto de la decisión de la Justicia que respondió a los pedidos del oficialismo y morigeró las acusaciones contra Cambiemos por los aportes truchos?
Por ahora quienes ponen en movimiento la voluntad de Cambiemos logran mágicamente que delitos concretos y específicos, como los que tenían en sus escritorios los jueces Casanello y Kreplak, se conviertan en poco significativas infracciones electorales, cuyas consecuencias se van a licuar con el paso del tiempo.
A la par, comenzaron a circular en el parlamento algunas ideas acerca de legislar para la campaña de 2019. La política tiene grandes problemas para financiar la campaña, ya que benefactores no dejan de pisar los tribunales.
La dirigencia está frente a una gran oportunidad: mantener la doble moral para conseguir dinero o crear reglas y sistemas de control transparentes.
