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Polillas, tuberculosis y rebeldías: las otras causas que muestran el descuido y la emergencia en la justicia

Catalina de Elía
por Catalina de Elía |
Polillas, tuberculosis y rebeldías: las otras causas que muestran el descuido y la emergencia en la justicia

El Consejo de la Magistratura hizo lugar a un pedido de la Corte Suprema y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional y declaró la emergencia judicial. Quienes caminan los tribunales saben que las condiciones de trabajo son muy malas.

De hecho, hace relativamente poco tiempo conocimos a través de los medios que muchos empleados judiciales que trabajan en el Palacio de Justicia contrajeron tuberculosis debido, entre otras cosas, a la escasa ventilación de los espacios de trabajo.

Los edificios judiciales son pequeños en relación a la cantidad de personas que concurren cada día a cumplir sus tareas, quienes conviven rodeados de expedientes, problemas de electricidad, paredes que tienen filtraciones y graves cuestiones de higiene.

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Las polillas, por ejemplo, pasan de los papeles a los cuerpos de los empleados con mucha asiduidad. Los días que llueve muy fuerte con viento que proviene del río, las ventanas de Comodoro Py carecen de mecanismos que impidan el ingreso de agua por los orificios de las ventanas.

Aunque llame la atención a muchos observadores atentos que la declaración de emergencia implica que los funcionarios del Consejo pueden hacer contrataciones directas, que siempre traen consigo riesgos de incumplientos legales, no deja de ser un paso importante que el Estado reconozca que no se puede tener un servicio de justicia bueno sin condiciones edilicias y tecnológicas acordes con los tiempos que corren.

La tecnología es otro factor relevante. Es paradójico que en los edificios judiciales no haya un wifi digno que facilite el trabajo de la justicia, pero también de los abogados, los ciudadanos y los periodistas que recorren los pasillos tribunalicios.

Pero, además, la emergencia tecnológica es un gran punto de partida para que la Corte Suprema y la Procuración General tomen el toro por las astas e implementen políticas de capacitación que destinadas a que los magistrados apliquen las nuevas herramientas digitales a los procesos. La justicia debe modernizar su modo de trabajo. Pero también tiene que hacer otras cosas…

Por ejemplo, resolver algunas contradicciones. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento del fiscal Juan Ignacio Bidone por el delito de asociación ilícita y la violación de la ley de inteligencia en diez oportunidades. Su colega Carlos Stornelli cumple hoy 142 días hábiles en rebeldía, bajo la tutela del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal.

Independientemente de las responsabilidades de cada uno de ellos, y más allá de que trabajan en fueros diferentes, la diferencia con que el Procurador bonaerense Julio Conte Grand trató el caso Bidone respecto a su par federal, a esta altura es incomprensible e inexplicable para el ciudadano medio.

La cuestión electoral y la tecnología también dan que hablar. La jueza María Servini y el fiscal Jorge Di Lello denunciaron un posible fraude al estado en la contratación de la firma venezolana Smartmatic. Cada vez se entiende menos por qué apareció esa empresa en el procesamiento de datos electorales.

Además de los crónicos debates sobre los problemas técnicos que la firma no logra resolver, de acuerdo con la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero a la que la justicia dio trámite, ahora la sospecha se extiende hacia los funcionarios públicos que intervinieron en la contratación.

Finalmente, Adepa advirtió los riesgos derivados de la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que puso en tela de juicio el alcance de las protecciones legales de los periodistas para realizar su trabajo en libertad y sin temores a las represalias.

La resolución de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens no sólo se dirige a los colegas Gerardo Young y Rodis Recalt, sino que se proyecta sobre las condiciones en que se puede desempeñar el oficio periodístico.

Desde este espacio hace mucho tiempo advierto que las libertades públicas son objeto de un tenue pero persistente ataque desde muchos tribunales. El modo en que la justicia aplicó la ley del arrepentido, la forma en que se usa la prisión preventiva y la causa contra los colegas son ejemplo de ello. Estas tienen un punto en común: el Estado, que tiene todos los medios para investigar, prefiere sacar a las personas la información para luego castigarlas, como en la edad media, aunque en pleno siglo XXI.