La policía de Venezuela asesinó más de 200 personas este año

“El Estado dijo (en su respuesta pública a nuestro informe emitido en septiembre) que investiga más de 600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales. Hemos solicitado que nos proporcione más información sobre estas investigaciones”, dijo Valiñas.

Entretanto, continúa la represión contra quienes son percibidos como “enemigos internos”, un concepto que “cada vez parece ser más amplio y se está extendiendo a la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de garantías fundamentales”, según Valiñas.

Entre las ejecuciones extrajudiciales figura el "caso de La Vega", populosa barriada del suroeste de Caracas en la que una operación con centenares de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, el 6 de enero, resultó en la muerte de hasta 23 individuos, según medios locales.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteradamente ha pedido la disolución de las FAES.

Otro tema es el de los disidentes u opositores presos o enjuiciados bajo régimen de libertad vigilada, como los exparlamentarios Gilberto Sojo y Juan Requesens, y el periodista Roland Carreño.

Valiñas manifestó su preocupación por los detenidos en los centros de inteligencia militar y civil, y agregó que continuará investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles, así como las nuevas acusaciones de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas.

Los retrasos en los procesos a los opositores presos “causan daños graves y en algunos casos irreparables”. Valiñas citó el caso del indígena Salvador Franco, de la etnia pemón, del sureste del país, fallecido en enero tras más de un año en prisión preventiva, y quien no recibió atención médica adecuada durante ese cautiverio.

La jurista mostró preocupación por la creciente persecución a activistas humanitarios y organizaciones no gubernamentales, mientras el gobierno endurece los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de esas oenegés, según dijo.

El hostigamiento se tradujo en noviembre en la detención, en Caracas, de Roberto Patiño, director de Alimenta la Solidaridad, una red de comedores para ancianos, y en enero en la de cinco activistas de Azul Positivo, una ONG que trabaja con pacientes de VIH/sida en Maracaibo, principal ciudad del occidente.

Añadió que desde el inicio de la pandemia Covid-19 más de 20 personas fueron detenidas por "compartir información o criticar la respuesta del gobierno” sobre el tema.

Finalmente, recordó que el gobierno sigue sin permitir el ingreso al país a la Misión (formada por ella, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils), y afirmó que “negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de quienes están en riesgo”.

Por corresponsal de IPS.

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