Los uniformados se apoderaban de los objetos durante los allanamientos “ilegítimamente, generalmente so pretexto de averiguar procedencia y sin dejar constancia” sumarial, que luego quedaban en su poder sin ser reclamados y “se repartían entre los miembros de esa sociedad” ilícita.
El juicio fue por jurado popular y condenó a los tres efectivos policiales a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial por el doble tiempo.
En el fallo se detalla que “la banda utilizaba generalmente la misma modalidad delictiva: ingresaban a los domicilios con una orden emitida por un Juzgado de Control, se apropiaban de elementos (electrodomésticos, herramientas o celulares) que ninguna vinculación tenían con la actuación sumarial y de los cuales no surgía motivo alguno para dudar sobre su legalidad”.