Tras conocerse el registro audiovisual y presentarse las pruebas médicas correspondientes, el acusado confesó.
Un hecho aberrante sacudió a la comunidad neuquina y expuso un caso de violencia sexual que conmocionó al personal médico, familiares de pacientes y a la opinión pública. Un enfermero fue grabado por las cámaras de seguridad mientras abusaba sexualmente de una jubilada internada en una clínica de rehabilitación de la ciudad. El ataque ocurrió durante su horario laboral, en la habitación donde la mujer permanecía convaleciente y en total estado de indefensión.
Tras conocerse el registro audiovisual y presentarse las pruebas médicas correspondientes, el acusado confesó el abuso sexual. Este martes, la justicia lo declaró responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de guarda. La investigación, llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, dejó en evidencia la brutalidad de lo ocurrido y ahora se espera que el juicio determine la condena que podría implicar más de 8 años de prisión efectiva.
El ataque tuvo lugar el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45 de la mañana, en una clínica privada de rehabilitación. Según detalló la fiscal del caso, Carolina Mauri, el imputado, identificado como A.E.A.B, se encontraba a cargo del cuidado de la víctima al momento del abuso. La mujer, una adulta mayor que se encontraba internada en estado delicado, fue agredida por quien debía velar por su bienestar.
“Convalecencia e indefensión”: el contexto del abuso
En la reconstrucción de los hechos, la fiscalía señaló que el enfermero se valió del estado físico y mental de la mujer, quien se encontraba en recuperación y sin posibilidad de defenderse. Este abuso no solo representa una grave violación a los derechos humanos de la víctima, sino también una traición a la confianza depositada en el sistema de salud.
Fue en ese marco, y aprovechando la intimidad del lugar, que el acusado consumó el abuso sexual. No advirtió, sin embargo, que en la habitación había una cámara de seguridad, cuyas imágenes terminaron siendo determinantes para probar el delito cometido.
Las imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia fueron clave en la acusación. Registraron con claridad el momento del ataque. Según trascendió, el personal de la clínica fue quien dio aviso a las autoridades luego de revisar el material de video, lo que derivó rápidamente en una denuncia penal y en la intervención del Ministerio Público Fiscal.
Pericias médicas y testimonios que confirmaron la agresión
Además del video, la investigación incorporó pericias ginecológicas realizadas a la víctima, que confirmaron la existencia de abuso sexual con acceso carnal. También se sumaron testimonios del personal médico y auxiliares que trabajaban en la clínica ese día, así como los informes psicológicos que revelaron el impacto emocional en la paciente.
Frente a este conjunto de pruebas, el acusado no tuvo margen para sostener su inocencia. Terminó confesando su responsabilidad y aceptó someterse a un juicio para la determinación de la pena, como parte de un acuerdo legal alcanzado con la fiscal y su defensa.
El acusado, A.E.A.B., confesó ante la justicia que había cometido el abuso, en una audiencia llevada adelante esta semana. Su abogada, Analía García, propuso llegar a un acuerdo con la fiscalía para declarar la culpabilidad del enfermero y avanzar directamente hacia la etapa de imposición de pena, evitando así un juicio ordinario con debate de responsabilidades.
Una confesión que coincidía con la hipótesis del fiscal
La confesión fue un elemento central para cerrar la etapa de instrucción, ya que coincidía en cada uno de sus detalles con la teoría presentada por la fiscal Mauri. Así, el enfermero fue declarado penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en carácter de autor”.
Aunque ya fue declarado culpable, el juicio aún no ha concluido. Ahora resta que la Oficina Judicial de Neuquén fije la fecha para la audiencia de imposición de pena, donde se determinará cuántos años deberá cumplir el agresor en prisión.
Riesgo procesal: continuará en prisión preventiva
Por el momento, y debido a la gravedad del delito y al riesgo procesal, el tribunal resolvió prorrogar por cuatro meses más la prisión preventiva del acusado, que ya se encontraba detenido desde el inicio de la causa.
Según el Código Penal argentino, el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda contempla una pena mínima de 8 años de prisión, y puede extenderse considerablemente si se considera la especial vulnerabilidad de la víctima.
El caso despertó una fuerte indignación social y generó reclamos por parte de familiares de otros pacientes internados en la clínica, quienes exigieron mayores controles sobre el personal médico y la instalación de sistemas de monitoreo más eficaces para proteger a personas en situación de dependencia.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas también se manifestaron en las inmediaciones del edificio judicial para visibilizar la necesidad de protocolos más rigurosos contra abusos sexuales en instituciones de salud.
El silencio de la clínica y la respuesta institucional pendiente
Hasta el momento, la dirección de la clínica no emitió declaraciones públicas sobre lo sucedido, y se desconoce si el enfermero contaba con antecedentes previos o si ya había sido objeto de denuncias internas.
Este silencio institucional fue duramente cuestionado por sectores de la sociedad civil, quienes reclaman transparencia y compromiso con las víctimas. También pidieron que se investigue si hubo encubrimiento o negligencia por parte de otros empleados o autoridades del establecimiento.
Este aberrante episodio no solo representa un acto de violencia sexual, sino que revela fallas estructurales en la protección de los pacientes internados. Especialistas en bioética y derechos humanos advirtieron que este tipo de delitos, cuando ocurren en entornos de cuidado, adquieren un carácter aún más alarmante por el desequilibrio de poder entre víctima y victimario.
El sistema judicial ha actuado con rapidez, pero ahora queda en manos del poder político y las instituciones sanitarias establecer mecanismos eficaces para prevenir que estas situaciones se repitan.
