Quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron detenidos acusados de haber torturado y abusado sexualmente de cuatro internas de la Unidad Penal N°51 de Magdalena. Entre los arrestados hay ocho mujeres y siete varones.
Los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron apresados por los ataques contra cuatro internas de la Unidad Penal N°51. La investigación incluye denuncias por golpes y humillaciones.
Detuvieron a 15 penitenciarios por torturas y abusos a presas. (Foto: captura).
Quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron detenidos acusados de haber torturado y abusado sexualmente de cuatro internas de la Unidad Penal N°51 de Magdalena. Entre los arrestados hay ocho mujeres y siete varones.
La investigación está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien reconstruyó una violenta secuencia que habría ocurrido entre la tarde del miércoles 3 de junio de 2026 y las primeras horas del jueves 4. Según la acusación, las cuatro detenidas fueron sometidas a golpes, gas pimienta, amenazas, humillaciones y otras formas de violencia mientras se encontraban bajo custodia del personal penitenciario. Además, en dos de los casos se investigan abusos sexuales.
Entre las principales acusadas se encuentra Daiana Belén Balmaceda, quien se desempeñaba como jefa de Vigilancia y Tratamiento de la cárcel. Para el fiscal, existen elementos para considerarla autora de torturas contra las cuatro víctimas, coautora de un abuso sexual con acceso carnal contra una de ellas y partícipe necesaria de otro ataque sexual.
El expediente reúne las declaraciones de las víctimas y de integrantes del propio Servicio Penitenciario que permitieron reconstruir lo ocurrido dentro de la Unidad Penal N°51 de Magdalena.
Una testigo aseguró haber visto a una de las internas boca abajo en el piso de un aula, con las manos esposadas o mientras le colocaban las esposas. De acuerdo con su relato, Balmaceda se encontraba junto a la mujer y, al salir del lugar, la escuchó gritar: “Las quiero a todas ataditas”.
Otro testimonio la ubicó impartiendo órdenes durante el operativo y arengando al resto del personal. Según consta en el expediente, habría dicho: “Vamos, vamos, que sepan que el penal lo manejamos nosotras”.
Una de las víctimas también declaró que Balmaceda entró a su celda y ordenó que fuera trasladada. Una vez reducida, según su testimonio, la obligó a arrodillarse. “Besame la bota porque esta es mi cárcel, acá se hace lo que yo digo”, habría dicho la jefa penitenciaria, de acuerdo con la declaración incorporada al requerimiento fiscal. La interna sostuvo además que fue sometida a distintas humillaciones mientras permanecía bajo custodia.
La investigación determinó que los episodios comenzaron en medio de un conflicto entre internas y que la intervención del personal penitenciario habría derivado en una escalada de violencia contra cuatro mujeres detenidas. Según el expediente, una de las víctimas consiguió pedir ayuda después de haber sido golpeada y asfixiada con gas. Sin embargo, la enfermera que estaba de guardia se habría negado a asistirla y a dejar asentadas las lesiones.
Antes de que la mujer regresara al aislamiento, la trabajadora le habría advertido: “Para que aprendas que estás en Magdalena”. Otra de las internas denunció que recibió golpes de puño y patadas mientras estaba esposada. También afirmó que varias agentes la insultaron, la obligaron a arrodillarse y la atacaron en distintas partes del cuerpo.
Uno de los episodios más graves investigados ocurrió cuando una de las detenidas fue trasladada hasta un aula, donde fue reducida por personal penitenciario. La acusación sostiene que en ese lugar fue víctima de un abuso sexual y ubica a Balmaceda entre las personas que habrían participado del ataque.
El segundo caso corresponde a otra interna que declaró haber sido llevada a un sector diferente del penal. Según su testimonio, varios agentes varones le arrancaron la ropa y abusaron sexualmente de ella mientras estaba bajo custodia. Ambos episodios forman parte de la investigación que encabeza Garganta y motivaron algunas de las imputaciones más graves contra los penitenciarios detenidos.
La responsabilidad atribuida por la fiscalía no es la misma para los 15 agentes arrestados. En su requerimiento, el fiscal individualizó el presunto rol de cada uno y los delitos que, de manera provisoria, considera acreditados. La causa incluye imputaciones por torturas y, en relación con dos de las víctimas, por abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad.
Entre los acusados hay jefes y agentes pertenecientes a distintas áreas de la Unidad Penal N°51. Algunos fueron señalados como presuntos autores directos de los ataques y otros como partícipes necesarios por haber colaborado o generado las condiciones para que las agresiones pudieran concretarse.
Para reconstruir la secuencia, la fiscalía incorporó no solo los testimonios de las víctimas y los testigos, sino también planillas de asistencia y registros internos de la cárcel. Esa documentación permitió determinar quiénes se encontraban en el penal y qué funciones cumplían durante las horas en las que habrían ocurrido los ataques.
