En la audiencia imputativa, se habían fijado fianzas por un total de 30 millones de pesos —cinco millones por cada uno de los seis acusados— además del cumplimiento de prisión preventiva.
Sin embargo, según confirmó el abogado defensor de Acosta, Hernán Echeverría, el Poder Judicial revocó esas medidas restrictivas, al considerar que no correspondía mantener ni la caución económica ni la detención preventiva.
De todos modos, le aclaró a la agencia Noticias Argentinas que los procesamientos siguen vigentes y la causa continúa su curso legal.
Echeverría argumentó que el caso se originó a raíz de una “operación bancaria aparentemente errónea o automatizada, sin una participación dolosa activa por parte de los imputados”.