Por el crimen del empresario descuartizado Fernando Pérez Algaba, fue desplazado y puesto a disponibilidad un comisario de la Policía de la Ciudad luego de que un fiscal pidiera investigar su participación en el crimen.
Por el crimen del empresario descuartizado Fernando Pérez Algaba, fue desplazado y puesto a disponibilidad un comisario de la Policía de la Ciudad luego de que un fiscal pidiera investigar su participación en el crimen.
Se trata del comisario Héctor Córdoba, cuya detención fue solicitada por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, aunque no fue concedida por el juez de Garantías 4 de ese distrito, Sebastián Monelos, por faltas de pruebas.
Pero, al haber sido imputado en la causa por la fiscalía, las autoridades de la Oficina de Transparencia y Control de la fuerza porteña resolvieron pasarlo a disponibilidad mientras avanza la investigación.
De acuerdo al pedido realizado por el fiscal Domínguez, el comisario, quien se desempeñaba en el área de comunicaciones de la Policía de la Ciudad, tenía vínculos comerciales como el principal acusado del crimen de "Lechuga", Maximiliano Pilepich.
El Ministerio Público cree que Córdoba le entregó a Pilepich un número de abonado telefónico con el que el acusado mantuvo diversas comunicaciones, incluso con el comisario, entre el 18 y 19 de julio pasado, días en los que se cree que Pérez Algaba fue asesinado de dos tiros por la espalda y luego descuartizado.
Para el fiscal, el comisario, además de habilitar la línea telefónica, instruyó a Pilepich en cómo emplear y manejar la cuestión tecnológica para evitar ser vinculado al hecho.
Si bien para el juez la prueba reunida indica que que no se puede desconocer el vínculo entre ambos, no existen elementos suficientes por el momento para abonar la hipótesis fiscal que vincula al comisario con el crimen del empresario, según indicó en la resolución en la que rechazó su pedido de arresto y avaló inicialmente el de otras cinco personas: Pilepich, Nahuel Vargas (prófugo), Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo y Luis Alberto Contreras, todos detenidos el pasado lunes.
En tanto, el martes pasado, el juez avaló el pedido de detención de la gestora y amiga de "Lechuga", Lorena Bonrad, actualmente presa y también acusada, como el resto, de homicidio cuadruplemente agravado por el uso de arma, por alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Para fundamentar los pedidos de arresto de todos los sospechosos, el fiscal Domínguez hizo hincapié en pruebas basadas en el análisis de las comunicaciones y movimientos de los celulares que utilizaban la víctima y los sospechosos.
Domínguez afirmó que el móvil del crimen del empresario Pérez Algaba fue una deuda por 50.000 dólares y por 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio "Renacer" de General Rodríguez a encontrarse con él.