Una monja de 76 años, reconocida por haber sido rectora de un prestigioso colegio privado de Santiago del Estero, fue hallada en condiciones irregulares dentro de un geriátrico sin habilitación, tras haber sido denunciada como desaparecida.
La historia involucra a una monja de 76 años, una denuncia por desaparición, una residencia ilegal y una investigación por estafa millonaria que salpica a su propia familia.
El dramático pedido de una monja encerrada en un geriátrico ilegal. (Foto: IA)
Una monja de 76 años, reconocida por haber sido rectora de un prestigioso colegio privado de Santiago del Estero, fue hallada en condiciones irregulares dentro de un geriátrico sin habilitación, tras haber sido denunciada como desaparecida.
El caso, que sacude a la comunidad local y genera un intenso debate legal, tiene una principal sospechosa: su sobrina, quien hoy enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad y estafa agravada.
Según indican medios locales, la historia comenzó días atrás cuando T.G., una religiosa muy querida en su comunidad, desapareció repentinamente de su hogar. La preocupación creció entre vecinos, exalumnos y personas cercanas, que no lograban contactarla ni saber de su paradero.
La denuncia fue radicada rápidamente ante la Policía de Santiago del Estero. Pero lo que parecía ser una desaparición vinculada a un episodio de salud o incluso un extravío ocasional, escondía una trama mucho más compleja.
Antes de su desaparición, T.G. había sido asaltada en la vía pública: un delincuente le arrebató la cartera, donde guardaba toda su documentación y tarjetas bancarias. Este hecho se revelaría luego como un elemento clave para entender el entramado de delitos que vendrían después.
La resolución del misterio llegó por un giro del destino inesperado. Un electricista que había conocido a T.G. durante su paso como rectora en el colegio, la reconoció en un geriátrico ubicado en la zona oeste de la provincia. Al verla, la monja se acercó desesperada y le pidió ayuda.
“Sacame de aquí. Me tienen en contra de mi voluntad”, fue la súplica que le hizo a su antiguo conocido. Según su testimonio, no solo estaba recluida sin haberlo consentido, sino que además la obligaban a tomar medicación innecesaria.
Tras el pedido de auxilio, la denuncia llegó a la Fiscalía y se activó un operativo conjunto entre la Policía, funcionarios judiciales y dos médicos especialistas en salud mental. El objetivo era claro: verificar el estado de salud de T.G. y las condiciones en las que se encontraba internada.
Aunque la monja fue diagnosticada con Alzheimer, los médicos concluyeron que no requería estar internada ni bajo encierro. Era capaz de comunicarse, desenvolverse y tomar decisiones con apoyo, lo que hacía ilegal su permanencia forzada en el lugar.
A esta situación se sumó un dato alarmante: la residencia geriátrica no contaba con ningún tipo de habilitación oficial para operar.
Pero el caso tomó un giro todavía más grave cuando se revisaron los movimientos bancarios de T.G.. La investigación reveló que su cuenta había sido vaciada, y además se había tramitado un préstamo a su nombre poco después del robo de su cartera.
Los registros de cámaras de seguridad bancarias confirmaron que la persona que había realizado extracciones de dinero y trámites financieros era su propia sobrina, la misma que había gestionado la internación en el geriátrico clandestino.
Con esta información, la sobrina fue detenida e imputada por dos delitos graves: privación ilegítima de la libertad y estafa agravada.
Actualmente, se encuentra detenida a la espera de prestar declaración indagatoria ante la Justicia. Sin embargo, fuentes del caso indicaron que no se descarta la participación de más personas, posiblemente otros familiares, en la maniobra para controlar los bienes de la religiosa.
Uno de los ejes que ahora analiza la Justicia es si hubo un pedido de curatela que habría sido tramitado por la familia con fines económicos. La curatela es una figura legal utilizada para nombrar a un curador que asista a una persona con dificultades para tomar decisiones por sí misma.
En este caso, la hipótesis es que el instrumento legal fue utilizado como excusa para aislar a T.G. y tomar control de sus finanzas. De hecho, hace años que la monja percibe ingresos económicos que no pueden ser justificados por los actuales registros: los ahorros no aparecen, y los montos retirados no fueron utilizados en beneficio de la mujer.
La historia generó profunda conmoción en Santiago del Estero, especialmente entre quienes conocieron a T.G. como educadora y figura religiosa activa durante décadas. Sus exalumnos, colegas y miembros de la iglesia aún no comprenden cómo llegó a esa situación de encierro y vulnerabilidad, ni por qué nadie actuó antes.
Algunos testimonios aseguran que la mujer había manifestado sentirse manipulada por sus familiares, aunque su enfermedad le restaba fuerza legal para actuar en consecuencia.
En paralelo, la Justicia inició una causa contra los responsables del geriátrico donde T.G. estuvo recluida. La institución, que funcionaba sin habilitación, ahora será sometida a una auditoría completa para evaluar cuántos adultos mayores fueron internados en condiciones similares.
Además, se investiga si existió una complicidad entre los administradores y los familiares de la monja, o si simplemente se trató de un lugar donde la dejaron para que “no molestara”.
A pedido del Ministerio Público, se ordenaron pericias contables sobre todas las cuentas bancarias de la víctima, así como un relevamiento patrimonial de los bienes registrados a su nombre.
También se libraron oficios a distintas entidades bancarias para bloquear posibles movimientos futuros, y se solicitó el congelamiento de cuentas hasta tanto se determine el alcance del fraude.
