Se conoció la pericia psiquiátrica de Pablo Laurta tras ser denunciado por Luna Giardina antes de ser asesinada

La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV Turno 6 confirmó a través de su secretario, Iván Vocos, que “Laurta fue imputado por desobediencia a la autoridad debido a que no cumplió la orden de restricción” y que “estuvo detenido un mes, hasta el 8 de febrero, cuando recuperó la libertad”. Esta decisión fue una pieza clave en la cadena de hechos que culminaron en el doble femicidio. Tras su liberación, la Justicia dispuso medidas de control, pero estas nunca llegaron a implementarse de manera efectiva.

La jueza de Violencia Familiar, Victoria Jalil, había ordenado que se le colocara una tobillera electrónica al agresor, un dispositivo que permite controlar en tiempo real si la persona se acerca a la víctima. Pero esta medida nunca se concretó porque Laurta viajó a Uruguay. “El dispositivo solo puede colocarse si la persona está en territorio argentino”, explicó Jalil posteriormente. La magistrada además emitió cinco oficios a Migraciones y prohibió su ingreso con armas, luego de que se lo detectara portando armamento en un control previo.

A pesar de estas medidas, Laurta logró regresar a Argentina sin ser detectado, presuntamente ingresando en avioneta o por pasos ilegales, evitando los controles migratorios. La Justicia sospecha que planeó su retorno con cuidado, burlando todas las restricciones. Mientras tanto, Luna seguía amparada por una perimetral y un botón antipánico que estaban activos desde octubre de 2023 hasta el día del crimen. Sin embargo, el viernes previo al ataque, la Policía recibió una alerta por “batería baja” del dispositivo antipánico, una señal de vulnerabilidad que no generó una respuesta rápida ni contundente.

Este conjunto de hechos muestra un patrón: las alertas existieron, las pericias se hicieron, las órdenes judiciales se dictaron, pero ninguna de estas instancias logró prevenir el crimen. Las fallas son múltiples: evaluaciones psicológicas que no detectaron el riesgo real, medidas judiciales que no se ejecutaron plenamente, controles migratorios que no se activaron a tiempo y dispositivos de prevención que no funcionaron cuando más se los necesitaba. El resultado, como lamentablemente ocurre en muchos casos similares, fue irreversible.

El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio se inscribe en una larga lista de casos en los que las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, sin que el Estado lograra brindar una protección efectiva. Cada nuevo detalle que emerge de la investigación profundiza la sensación de que hubo oportunidades para evitar esta tragedia.

En el entorno de Luna, el dolor se mezcla con la impotencia. Familiares y amigas habían advertido en reiteradas ocasiones sobre el peligro que representaba Laurta, especialmente después de que violara la orden de restricción. La perimetral, aunque vigente, no bastó para frenar a un hombre decidido a atacar. Las alertas tecnológicas no fueron acompañadas por protocolos de acción inmediatos y coordinados, lo que dejó un vacío que el agresor aprovechó.

El perfil de Pablo Laurta es hoy objeto de revisión. Los peritos que firmaron el informe de 2023 argumentan que, en aquel momento, el acusado no presentaba indicadores clínicos que justificaran una evaluación de alta peligrosidad, pero la realidad demostró que la ausencia de trastornos psiquiátricos graves no equivale a ausencia de riesgo. En muchos femicidios, los agresores no tienen antecedentes psiquiátricos, pero sí un patrón de control, violencia y desobediencia a las normas judiciales que debería ser suficiente para encender todas las alarmas.

En el ámbito judicial, ya se discute la necesidad de revisar los protocolos de evaluación de riesgo. Varios especialistas señalan que la peligrosidad en contextos de violencia de género no siempre se mide con los mismos parámetros que en otros delitos. Se requieren herramientas específicas que tengan en cuenta el historial de violencia, las amenazas previas, el incumplimiento de medidas cautelares y los comportamientos controladores, incluso cuando no hay patologías mentales diagnosticadas.

Este caso también plantea interrogantes sobre la coordinación entre distintas áreas del Estado. La Justicia dictó medidas, Migraciones fue alertada, la Policía tenía conocimiento de la perimetral, y sin embargo, Laurta pudo regresar al país, moverse libremente y finalmente atacar. El botón antipánico, que debía ser una herramienta de protección directa para Luna, falló en el momento crítico, dejando en evidencia que la tecnología sin acción humana eficaz no es suficiente.

Mientras avanza la causa judicial, en la que Laurta está detenido y acusado de doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, la sociedad cordobesa exige respuestas. Las marchas en memoria de Luna y Mariel se multiplican, con pancartas que reclaman “Justicia y cambios estructurales”. Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos piden una revisión urgente de los mecanismos de prevención y la incorporación de evaluaciones de riesgo especializadas que permitan actuar antes de que sea demasiado tarde.

La historia de Luna Giardina y Mariel Zamudio es un ejemplo trágico de cómo las señales de alerta pueden ser ignoradas o malinterpretadas. También es una advertencia para todo el sistema: la peligrosidad no siempre se mide con pericias clínicas, y la desobediencia sistemática de un agresor debería bastar para encender todas las alarmas.

Las autoridades provinciales ya reconocieron que hubo falencias. Se anunció que se revisarán los protocolos de actuación en casos de violencia de género, en particular el uso y control de botones antipánico y tobilleras electrónicas. También se estudia reforzar la capacitación de equipos interdisciplinarios que evalúan a denunciados, para que puedan detectar señales de riesgo más allá de los diagnósticos psiquiátricos tradicionales.

En tanto, familiares de las víctimas reclaman que el caso no quede impune ni en el olvido. “Luna hizo todo lo que debía hacer: denunció, pidió ayuda, confió en la Justicia. Y la Justicia le falló”, expresó una amiga cercana durante una manifestación. La frase sintetiza el sentimiento de muchos: no se trata solo de castigar al culpable, sino de evitar que estas historias se repitan.

Este doble femicidio expone, una vez más, la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección de mujeres en situación de violencia, mejorar la coordinación entre áreas del Estado y dotar de recursos reales a las medidas de prevención. Porque detrás de cada pericia mal evaluada, cada alerta no atendida y cada orden judicial incumplida, hay vidas en juego.