El decreto de Milei empieza a desfilar por los pasillos de Tribunales: ¿Qué puede hacer la Justicia?

El reconocido abogado resaltó que en el caso de obtener una respuesta adversa, tiene previsto ir directamente a la Corte con un recurso de per saltum. Explicó que aunque el Congreso terminase convalidando el decreto, el Alto Tribunal es la autoridad jurídica máxima de la república.

También presentó un recurso de amparo la empresa dedicada al juego Bingo del Oeste porque sostiene que afectará al desarrollo del sector.

En las próximas horas se sumará a la judicialización del conflicto creado por el decreto, la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) porque considera que se pone en riesgo la salud de la población y el acceso a los medicamentos.

La CGT también resolvió impugnar el DNU ante la justicia, respaldando la denuncia con una marcha al Palacio de Tribunales el miércoles que viene, en coordinación con la CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Los detalles de la demanda

El primero de los amparos colectivos contra el DNU publicado por el gobierno fue promovido con carácter de urgente por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, con el acompañamiento de Claudio Lozano, el titular de la CTA Hugo Godoy, y el secretario general ATE Nacional Rodolfo Aguiar. Busca que se declare “la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable” de la medida.

En la presentación cuestionaron al Decreto por la violación de la Constitución de la Nación Argentina por constituir:

• "El ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público".
• "Una desviación de poder y un abuso de derecho público"
• "Violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

A su vez, solicitaron una medida cautelar que determine “la suspensión de los efectos y vigencia del DNU 70/2023 y de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento”.

Por otro lado, el recurso del Observatorio del Derecho reclamó la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 26.122, que regula el régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia. Argumentaron que atenta contra la división de poderes porque fija un plazo límite de 60 días corridos desde la fecha del dictado de los decretos para que el Congreso exprese su respaldo o su rechazo, de lo contrario “se los considerará nulos de nulidad absoluta desde la fecha de su emisión”.

Además, rechazó que el Poder Ejecutivo haya considerado que esta “desesperante situación económica general” habilita a dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia por medio del cual se derogan leyes cuyo contenido abarca materias diversas como Reforma del Estado, Desregulación Económica, Trabajo, Comercio Exterior, Bioeconomía, Minería, Energía, Aerocomercial, Justicia, Código Civil y Comercial, Salud, Comunicación, Deportes, Sociedades, etc.

La denuncia quedó a cargo del juez Furnari, quien ordenó la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos para evitar sentencias contradictorias.

Así, materializó que el colectivo lo integran los habitantes afectados por el DNU 70/2023 y que buscan que sea declarado inconstitucional. Tras esta decisión le corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que opine de la competencia del fuero Contencioso Administrativo para tramitar el caso.

¿Qué puede pasar con la judicialización del DNU?

La batalla judicial contra el DNU 70/2023 que propician sectores de la oposición al gobierno recién comienza.

De hecho, las medidas aún no rigen, pues de acuerdo a lo que reconoció el gobierno, el decreto estará vigente a partir del octavo día hábil después de su publicación en el Boletín Oficial; esto es, desde el jueves próximo. Mientras tanto, se esperan más amparos colectivos e individuales.

El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales cuando no se pueda esperar la reunión del Congreso. Asimismo, solo las leyes ordinarias podrían ser modificadas por DNU, cuando no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.

El siguiente paso se definirá en el Congreso cuando se constituya la comisión bicameral permanente de DNU. El desarrollo de las causas en Tribunales dependerá de lo que resuelvan los jueces de primera instancia.

Per saltum a la Corte Suprema

El Código Procesal Civil y Comercial permite el uso de un Recurso Extraordinario por salto de instancia (per saltum) “en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido”.

Se refiere a gravedad institucional en aquellas cuestiones que afecten más allá de las partes al bien público, de modo tal que ponga en riesgo las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional.

Si una de las partes del proceso lo solicita, la Corte Suprema podría habilitar el per saltum dentro de los 10 días de su publicación. El Máximo Tribunal podrá rechazar el recurso, sin más trámite, si no se observasen los requisitos para su procedencia, en cuyo caso proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda.

Pero si habilita el per saltum, el auto tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida.