El Frente de Todos presentó un proyecto para modificar la Ley de Alquileres.
La Ley de Alquileres que rige actualmente despertó críticas entre inquilinos y propietarios. En medio de la puja de diferentes sectores por lograr modificaciones que le beneficien, el Frente de Todos (FdT) presentó una nueva iniciativa en el Congreso.
Actualmente, tomaron el guante los diputados encabezados por el exgobernador sanjuanino, José Luis Gioja. El legislador sostuvo que "esta ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación".
A grandes rasgos, el proyecto tiene por objeto, por un lado, mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y, por otro, otorgar beneficios tributarios para locadores, que incluye desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.
Para el precio inicial de renovación de contrato de alquiler proponen un 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual. En el caso de un nuevo contrato la cifra máxima permitirá un 20% de aumento sobre el índice de ajuste establecido.
En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente, a efectos de acordar la renovación del contrato, en un plazo no mayor a 15 días corridos.
En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario podrá resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente.
Se establecería que las personas que otorguen los seguros de caución deberán aceptar a monotributistas que estén inscriptos en el régimen simplificado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Además, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses. Tampoco podrán cobrarle más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia.
Es la propuesta más realizada por diferentes sectores del Gobierno, y también uno de los mayores puntos de conflicto. En este caso en particular, sugieren la elaboración de un modelo de proyecto de ley para gravar en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentren deshabitados.
En este sentido, se establecen en el proyecto de ley dos puntos. Por un lado, las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo).
Por otro, los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos y/o con un contrato vigente.
Este régimen de beneficios regirían por los próximos 15 periodos fiscales anuales a la entrada en vigencia de la presente ley.
En este tema, también señalan dos vías de acción. Por un lado, la construcción de inmuebles en centros urbanos. Lo que ayudaría a fomentar la obtención de propiedades destinados al alquiler en todo el país, que además podrían ser asignados según diversas modalidades.
Por otro lado, proponen la construcción y adquisición de inmuebles para la gestión pública de alquileres sociales. De esta manera, se conformaría un sistema de gestión pública de alquileres sociales, paralelo al mercado privado.
Para ello todas y cada una de las jurisdicciones deberían construir y adquirir inmuebles (casas o departamentos), por su cuenta y sin perjuicio de aportes nacionales. También será su responsabilidad gestionar el alquiler a los precios más bajos que los del mercado.
Desde finales del año pasado, diferentes sectores del oficialismo y la oposición prometen cambios respecto a una ley que consideran fracaso. Por su parte, tanto cámaras inmobiliarias como asociaciones de inquilinos reclaman para que se modifiquen puntos de la actual normativa que le son perjudiciales.
El proyecto del Frente de Todos va en sintonía con las medidas impulsadas por la mesa de Alquileres que hacen hincapié en el precio inicial y en la creación de un impuesto a la vivienda ociosa. También comparten con el sector propietario e inmobiliario la idea de generar beneficios fiscales.
Lo cierto es que la iniciativa de Gioja es presentada en medio de un contexto marcado por intereses contrapuestos y una constante puja, que imposibilita una resolución en el corto plazo.
