El Gobierno anunció que enviará al Congreso la nueva ley de salud mental

"Se plantea clarificar conceptos y criterios, adaptándolos a las necesidades actuales y a la realidad asistencial de cada jurisdicción", señalaron las fuentes.

En el Ministerio de Salud explicaron que "para identificar los principales obstáculos en la implementación se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria".

Según el mismo informe oficial, "uno de los principales problemas es la falta de aplicación homogénea en el país".

Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente; de las 23 provincias. En total, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.

Según el Gobierno "esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio".

Además, cuestionan que la ley vigente utiliza el término ambiguo “padecimiento mental”, demasiado amplio para la práctica clínica, lo que puede generar dudas diagnósticas y demoras en la intervención.

El proyecto propone adoptar la "Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas)", incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión", explicaron desde el Ministerio de Salud.

También trabajan en un nuevo enfoque sobre el riesgo y se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando contexto y antecedentes, y permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.

En el Gobierno aclaran que "la internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida".

Aclaran que "en casos de urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas". Se propone, además, "extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial".

Por otra parte, el proyecto contempla que "en internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia".

La ley vigente impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales, pero el proyecto señala que este modelo no siempre es viable por limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad.

El Ministerio confirmó que actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada". Señala que "episodios graves en hospitales generales (Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen) reflejan estas limitaciones en casos complejos".

En tanto, otro de los cambios que propone el Ejecutivo es que "en lugar de cerrar instituciones, fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas".

La iniciativa propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer la supervisión.