El Gobierno envió al Congreso una reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado

Este instrumento contempla cuatro aspectos claves. En primer lugar, se "delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal".

En segundo lugar crea la figura de la "Zona de Investigación Especial" con el objetivo de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto relevante es que "la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella". Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Por último, el proyecto contempla la "extinción de dominio" de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.