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Política

Emergencia en discapacidad: un juez federal exige la implementación de la ley para febrero

La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad desde febrero y cuestionó los intentos oficiales de frenar su aplicación.

21 de enero de 2026 - 08:46
Emergencia en discapacidad: un juez federal exige la implementación de la ley para febrero

Emergencia en discapacidad: un juez federal exige la implementación de la ley para febrero

El juez federal Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, intimó al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del próximo 4 de febrero. La decisión se tomó en el marco de un proceso colectivo iniciado por dos padres, que con el correr de los meses adquirió alcance nacional.

Además de fijar una fecha concreta para la entrada en vigencia de la norma, el magistrado otorgó un plazo de cinco días para que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad informen en qué estado se encuentran los trámites administrativos necesarios para cumplir con la ley sancionada por el Congreso.

Del veto presidencial a la judicialización del conflicto

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada originalmente en julio de 2025, pero fue vetada por el presidente Javier Milei, quien argumentó la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. Sin embargo, el Congreso rechazó el veto, lo que obligó al Ejecutivo a promulgar la norma.

Pese a ello, el oficialismo intentó frenar su implementación mediante la incorporación de un artículo adicional, bajo el argumento de que el Parlamento no había definido el origen de los fondos para afrontar los nuevos gastos. Frente a esta maniobra, el juez González Charvay fue categórico: consideró que el accionar del Gobierno implicó una “invasión a las facultades del Congreso” y una violación del principio de supremacía constitucional.

discapacidad en emergencia

El rechazo a los argumentos económicos del Gobierno

En su fallo, el magistrado también desestimó los argumentos presupuestarios esgrimidos por la Casa Rosada. Calificó como falsa la supuesta falta de recursos y recordó que la propia ley faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento.

Aun cuando existe una apelación en trámite ante la Cámara Federal de San Martín, presentada por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, el juez resolvió avanzar con la intimación sin esperar el pronunciamiento del tribunal superior.

Puntos clave del fallo

  • Fecha límite: el Gobierno deberá implementar la ley desde el 4 de febrero.

  • Plazo de informe: Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad tienen cinco días para informar avances.

  • Fundamento legal: se consideró vulnerado el principio de supremacía constitucional.

  • Respuesta oficial: hasta el momento, la Casa Rosada no realizó declaraciones públicas, aunque se espera una respuesta formal dentro de los plazos legales.

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