El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señaló que la actualización de aranceles anunciada por ANDIS no cubre ni la mitad del desfasaje acumulado y llega en un contexto crítico.
Organizaciones del sector de la discapacidad cuestionaron el aumento del 29% y 35% en los aranceles de prestaciones dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para el último trimestre del año. En ese sentdio, el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) advirtió que la suba es "tardía, limitada y contraria a lo que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad".
“No cubre ni el 50% del atraso arancelario”, sostuvo Alex Goldman, representante de CAIDIS. Según indicó, las instituciones arrastran un desfasaje del 70% hasta agosto y atraviesan una situación de endeudamiento generalizado. “Se endeudan para afrontar sus gastos de funcionamiento, sueldos, honorarios, aguinaldos, vacaciones y cargas sociales”, enumeró.
El escenario ya tuvo impacto en la continuidad de servicios. “El 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires tuvieron que cerrar por el colapso del sistema. No se puede sostener un funcionamiento ni una atención digna con las personas con discapacidad”.
Según CAIDIS, el incremento anunciado no solo es insuficiente sino que además no alcanza a cubrir los costos reales de las prestaciones ni incluye a todos los servicios del sistema. A esto se suma un esquema de pagos con demoras de entre 60 y 90 días.
Por otro lado, las medidas tampoco ofrecen un horizonte de mejoras en el mediano plazo. “El Gobierno intenta mostrarlo como un acompañamiento, pero no hay garantías reales de continuidad”, señalaron desde CAIDIS. En paralelo, remarcaron que aún no se ejecutó la compensación prevista en la ley de emergencia, lo que agrava la situación financiera del sector; al respecto ya están activando presentaciones judiciales para obligar a que se cumpla la ley.
La entidad planteó que la falta de actualización real pone en riesgo a más de 300.000 personas con discapacidad en todo el país, cuyo acceso a educación, salud, transporte y apoyos depende del funcionamiento del sistema prestacional.
