La defensa de Fernández argumentaba que la medida debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el derecho a defensa y el "debido proceso" con el fin de "garantizar la integridad de la evidencia", un "mayor control de la cadena de custodia" y minimizar los "riesgos de manipulación o contaminación de los datos".
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España y advirtieron que "ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable" ni arbitrariedad.
"Tengo miedo", escribió Yañez en la jornada del martes
"La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy", por lo cual "la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición", agregó esa resolución.
La última acción pública de Yáñez fue este martes por la noche cuando la publicación de un mensaje de su cuenta de Instagram. "Tengo miedo", escribió la ex primera dama.