Los coletazos de su situación personal amenazan con repercutir en su vida política. Los caminos de la denuncia judicial y la sorpresiva decisión sobre una ex funcionaria de Alberto Fernández.
La denuncia contra el ministro de Desarrollo Económico de CABA, Roberto García Moritán, formulada por una ONG, aún no fue ratificada, está lejos de allanamientos y con alto grado de probabilidad saldrá del fuero penal federal porteño para pasar al ordinario o a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Así lo revelaron a A24.com fuentes judiciales, que desmintieron que la jueza federal María Servini hubiera ordenado allanamientos, pese a que fueron pedidos por el presidente de la denunciante Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez.
La denuncia fue presentada el viernes pasado y quedó registrada con el número 4061/2024. El texto apunta a los delitos de lavado, evasión y malversación de caudales públicos, que establecen penas de hasta 13 años y medio de cárcel.
Una vez que sea ratificada la presentación, la jueza deberá dar intervención al fiscal Carlos Stornelli, quien deberá resolver si impulsa la investigación y si corresponde la intervención de la Justicia Federal o de la ordinaria.
Atento a que García Moritán es funcionario del gobierno porteño, que los fondos denunciados como malversados pertenecen al erario de CABA y que no aparece, en principio, comprometido el interés que exceda lo meramente local, la causa podría salir del fuero federal y pasar a jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se basó en información periodística que indica que García Moritán designó a casi 400 personas en el Ministerio a su cargo y otras reparticiones vinculadas.
La presentación reclamaba que "se libre orden de allanamiento contra el Ministerio de Desarrollo Económico para obtener toda documentación de significación y naturaleza administrativa contable y financiera a los efectos de poder dilucidar si los 384 funcionarios en verdad cumplen funciones o pasan sólo a cobrar a fin de mes. Asimismo, todo documento probatorio sobre distintas prestaciones de servicios y al mismo tiempo, los correos de contacto de sus funcionarios –como Roberto Moritán (sic) y prestadores de distintos servicios para con el Ministerio".
La redacción de los párrafos citados como textuales ha sido corregida para facilitar su comprensión, pues la falta de signos de puntuación y los errores de ortografía dificultaban entender qué es lo que pretendía el denunciante.
El texto le pidió a la jueza Servini que ordenara el "allanamiento a las siguientes fundaciones vinculadas con García Moritán: Fundación Asociar y/o Fundación Apolo, de posible titularidad de Jamil (sic) Santoro, en ambas a los efectos de secuestrar toda la documentación económica financiera existente en el lugar para luego ser analizada".
La Fundación Apolo no tiene vinculación alguna con el ministro Roberto García Moritán, principal denunciado en estas actuaciones.
Finalmente, la presentación reclama que "se libre oficio a la UIF y AFIP sobre la información que obra en sus registros y/o transferencias bancarias referidos al movimiento de tres millones de dólares que sería el precio de venta del partido político Republicanos Unidos".
En rigor, García Moritán pertenece a Republicanos Unidos, aunque sus manejos y actitudes causaron rechazo en las dos líneas principales de esa fuerza, la que encabeza Ricardo López Murphy y la del abogado Yamil Santoro.
Fuentes partidarias no descartaron sanciones e, incluso, su expulsión de Republicanos Unidos.
En noviembre de 2023, aún durante el gobierno de Alberto Fernández, un grupo de dirigentes de Republicanos Unidos encabezados por García Moritán denunciaron penalmente al ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y la entonces titular de ANSES, Fernanda Raverta.
Pero en abril pasado, el propio García Moritán desistió a título personal sólo de la denuncia contra Raverta, a partir de una "evaluación posterior" de los hechos.
Ello precipitó las diferencias internas, pues García Moritán no hizo pública su decisión. De haber entendido que se había equivocado en la denuncia original, debía expresarlo públicamente, tal como había ocurrido al momento de formular la presentación.
El ministro porteño atraviesa una conflictiva ruptura familiar con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, cuyo domicilio en Barrio Parque –una de las zonas más exclusivas de la Capital Federal– fue escenario de una nutrida guardia periodística que se hizo eco de un rumor sobre “inminentes allanamientos” que nunca se produjeron.
García Moritán solucionó también en el ámbito judicial, en agosto pasado, un reclamo por expensas impagas por unos 300 mil pesos en un departamento de su propiedad en la calle Guido de la Ciudad de Buenos Aires
