Casi la tercera parte de los cargos de jueces nacionales y federales están vacantes, lo que deriva en 327 concursos en proceso según el Mapa de Jurisdicciones del Consejo de la Magistratura.

Las vacantes judiciales que debe enfrentar Milei. (Foto: Telam).
Casi la tercera parte de los cargos de jueces nacionales y federales están vacantes, lo que deriva en 327 concursos en proceso según el Mapa de Jurisdicciones del Consejo de la Magistratura.
Al consultar en el sitio http://mc.consejomagistratura.gov.ar/mapadeconcursos/ se puede verificar que hay 73 concursos en trámite, 176 atravesando el proceso de selección en el Consejo, 47 en el Ejecutivo, y 41 en el Senado.
La necesidad de cubrir esos espacios no es reciente, y constituye uno de los principales desafíos que el Poder Judicial le demanda al nuevo presidente, Javier Milei.
Incluso fue uno de los temas que se planteó en la última reunión de la Corte Suprema con la Junta de Presidentes de Cámaras federales y nacionales, y representantes del Consejo de la Magistratura, en el Palacio de Justicia. Analizaron el problema de las vacancias en los tribunales, el relevamiento de la infraestructura, la situación de emergencia penitenciaria y de alojamiento de detenidos, la necesidad de contar con delegaciones del Cuerpo Médico Forense en las provincias, y la ampliación del presupuesto para gastos de funcionamiento.
Tras un panorama de cuatro años de desacuerdos entre el gobierno que se va y la justicia, la designación de Mariano Cúneo Libarona como ministro, alimentó expectativas de cambio en los Tribunales. El flamante titular de la cartera judicial mantuvo reuniones protocolares e informales con jueces, fiscales y trabajadores, en las que le plantearon las cuestiones pendientes, en un clima cordial y de promesas de gestión.
Lo cierto es que un sistema que funciona con un tercio de jueces suplentes genera enormes dificultades, haciendo que el desarrollo de las causas sea más lento, con magistrados que atienden dos y -a veces- tres juzgados al mismo tiempo.
Los datos históricos reflejan la magnitud del asunto: desde que se creó el Consejo hasta la actualidad prácticamente se ha mantenido la misma proporción de cargos sin jueces titulares, principalmente por los problemas de factor político. Por ejemplo, en 2003 se designaron 10 nuevos magistrados, en 2010 fueron 6, en 2022 se nombraron 25, y el 2023 termina con la aprobación de 18 ternas.
Entre los lugares clave, como el fuero federal porteño con sede en Comodoro Py, hay 4 juzgados de primera instancia vacantes. Además, se debe reemplazar a dos jueces en la Cámara de Apelaciones, seis magistrados en Tribunales Orales, y a otros tres en Casación.
En Jujuy, Formosa, Bariloche, Mar del Plata, San Martín, General Roca, Posadas también hay vacantes en todas las instancias. Todo queda expuesto con claridad en el Mapa de concursos que publica el Consejo de la Magistratura, con la posibilidad de revisar en qué condiciones se encuentra cada uno de ellos. Cualquier ciudadano puede consultar el estado del trámite para cubrir vacantes de jueces federales o nacionales en todas las jurisdicción de la justicia argentina.
La deuda de designaciones en el Poder Judicial alcanza al 28 por ciento del total de los casi 1000 cargos de jueces de primera instancia, de tribunales orales y camaristas previstos para todo el país.
El organismo encargado de seleccionar a los candidatos para ocupar esas vacantes es el Consejo de la Magistratura, que en este momento atiende 249 concursos, más de la mitad en etapa de definición.
Para cubrir esos puestos, los postulantes deben acreditar antecedentes laborales y académicos, realizar un examen por escrito, y finalmente una entrevista personal.
Luego los integrantes del Consejo elaboran una terna con los mejores; y cuando el plenario aprueba a los tres destacados, arranca la etapa en la que interviene el Poder Ejecutivo.
El presidente de la Nación debe elegir a uno de los finalistas y proponerlo al Senado, que tiene la responsabilidad de brindar su acuerdo con el apoyo de dos tercios de los votos. Para completar el proceso es necesario que se publique el decreto de nombramiento.
Recordemos que el Consejo de la Magistratura tiene la tarea de seleccionar y remover a los jueces. La presidencia le corresponde al titular de la Corte Suprema, y está integrado por 19 representantes de los jueces, abogados, diputados, senadores, académicos y el Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que con el cambio de gobierno, el Ejecutivo deberá designar a un nuevo consejero, que se convertirá en la única voz y voto de la Libertad Avanza en el organismo
Por el lado del Senado, antes de que finalice la gestión de Alberto Fernández, la Corte le dio la razón a Luis Juez y lo habilitó para que se convierta en uno de los representantes de la segunda minoría, en lugar del peronista Martín Doñate.
En tanto, el diputado del PRO, Álvaro González, por ahora se quedará en el Consejo, pues juró un nuevo mandato en la Cámara Baja, después de que Maximiliano Guerra renunció a su banca.
Cómo parte de la herencia de la gestión anterior, el gobierno de Javier Milei enfrenta varios desafíos que preocupan a la Justicia. Además de los problemas en la incorporación de magistrados, aún tramita en el Congreso el juicio político contra la Corte Suprema.
Con el voto mayoritario de Unión por la Patria, los diputados de la Comisión de juicio político dieron por cerrada la investigación, y aprobaron los dictámenes acusatorios contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. No obstante, el justicialismo por ahora no tiene el número suficiente para aprobar la iniciativa en el recinto.
Por otra parte, hay un lugar vacante en la Corte, que dejó en noviembre de 2021 Elena Highton de Nolasco cuando renunció. También queda definir el espacio del Procurador General de la Nación que tiene interinamente Eduardo Casal, desde que se fue Alejandra Gils Carbó en 2017.
Para ese puesto hubo dos nominaciones y ninguna prosperó: Mauricio Macri propuso a la jueza Inés Weinberg de Roca, mientras que Alberto Fernández al juez Daniel Rafecas. En los dos casos faltaba el respaldo del Partido Justicialista en el Senado. Otro cargo que se mantiene vacante es el del defensor del Pueblo de la Nación.
Sobre la relación del gobierno con el Poder Judicial, en las semanas previas a la asunción, el nuevo ministro tendió puentes con autoridades en Tribunales, magistrados, fiscales y trabajadores, quienes hicieron notar su satisfacción por el nombramiento de Mariano Cúneo Libarona pues lo consideran un referente de la familia judicial.
A todo esto, el Ministerio Publico Fiscal (MPF) pidió que el Congreso facilite la aplicación del sistema acusatorio, que funciona en Salta y Jujuy de forma exitosa. Aseguraron que transformaría los resultados en los procesos porque es más barato, más veloz y más eficaz.
Sobre la cuestión de la superpoblación en las cárceles, durante la etapa Milei, el Servicio Penitenciario Federal dejará de depender del Ministerio de Justicia y quedará en manos de Interior, es decir bajo la órbita de Guillermo Francos.