La tercera norma clave es la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027, que contempla actualizaciones de aranceles, reconfigura pensiones no contributivas y prevé nuevas compensaciones económicas.
Junto a esas medidas, se debatirá un proyecto impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, que busca incorporar al Presupuesto una cláusula para que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se transfiera a las provincias de forma automática y diaria. Otra propuesta, aún sin dictamen, modifica la asignación del impuesto a los combustibles, redistribuyendo la recaudación entre la Nación, las provincias y el sistema previsional.
Fallas formales, polémica política
La validez de los dictámenes firmados en comisiones autoconvocadas la semana pasada fue rechazada por la Secretaría Parlamentaria, que advirtió que no hubo una convocatoria oficial, lo cual viola el reglamento del Senado. Sin embargo, la oposición insiste en que los dictámenes son legítimos porque aseguran que estuvieron presentes nueve de los 16 miembros de la Comisión de Presupuesto, incluyendo a legisladores de UxP y opositores como Lousteau, Blanco y Tagliaferri.
Además, destacan que participaron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el secretario parlamentario Agustín Giustinian, lo que, según su interpretación, otorga validez al procedimiento.
En este escenario, se espera un fuerte cruce reglamentario dentro del recinto. Mientras algunos sectores sostienen que los proyectos requieren dos tercios para ser tratados sobre tablas, otros afirman que con mayoría simple basta, al tratarse de textos con media sanción.
Aunque no hay acuerdo parlamentario formal, la oposición apuesta a capitalizar el respaldo de los gobernadores para avanzar con iniciativas que el Gobierno considera inviables fiscalmente y promete vetar.