Macri se apoya en el Congreso para contener la crisis social y ordena no negociar con piqueteros radicalizados

Ante esa actitud, la respuesta de la Casa Rosada fue desalojar por la fuerza -con la policía porteña- el corte total del Metrobus que, en medio de golpes y gases lacrimógenos, terminó el miércoles con dos manifestantes heridos y un detenido.

“No habrá más planes sociales”, señalaron a A24.com en el entorno cercano a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, frente a esas protestas que consideró que la “extorsionan”.

Por lo bajo admiten que todo es "día a día" y que mantienen siempre "un canal de diálogo desde las secretarías de Política Social a cargo de Carlos Pedrini y de Seguridad Social, con Gonzalo Barilati".

Pese a no estar de acuerdo, por temor a un desbande de la crisis social por el aumento de la inflación, que en agosto por la devaluación tras las PASO trepó al 4% y se espera un 6% más para septiembre, Macri cambió en los últimos días su postura negativa sobre la emergencia alimentaria y ordenó al bloque de diputados oficialistas apoyar el proyecto consensuado con el kirchnerismo. La iniciativa finalmente logró media sanción con unanimidad y una sola abstención en Diputados, y el miércoles será tratado en el Senado.

Se trata de la ley de emergencia alimentaria vigente desde 2016 y que fue prorrogada hasta 2023, que permite al jefe de Gabinete de la actual y de la próxima administración redistribuir partidas para planes sociales con un aumento de 50% en cantidad de alimentos para comedores y merenderos, por unos 8 mil millones de pesos hasta fin de año.

“Es una medida política, de emergencia dentro de la emergencia porque ya estaba vigente, y solo sirve como gesto de racionalidad política” para sostener la gobernabilidad, dijo el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada al explicar el viraje en la postura del Gobierno, que se negaba a apoyar la nueva ley de emergencia una semana atrás.

Mientras la Plaza de Mayo permaneció blindada toda la semana por un fuerte operativo de seguridad para evitar un acampe frente a la Casa Rosada, cerca de Stanley decían:

“No vamos a negociar en estas condiciones”, en referencia a las organizaciones sociales que mantuvieron el acampe durante dos días en el Ministerio y podrían volver esta semana. Se trata de manifestantes del Polo Obrero, Barrios de Pie y partidos de izquierda que piden planes para trabajadores que quedaron desocupados en el último año.

La “emergencia de la emergencia” en el Senado

El proyecto tendrá su propia dinámica en los debates previstos para el próximo miércoles en el Senado, según admitió el jefe del bloque oficialista Luis Naidenoff.

En ese debate entrarán a jugar los intereses de los legisladores que responden a los gobernadores que vieron perjudicados sus ingresos de coparticipación por las últimas medidas del Ejecutivo, como la eliminación del IVA en alimentos y el congelamiento del precio de los combustibles, y reclaman ser compensados por Nación, bajo la advertencia de sufrir una crisis social en sus provincias por el riesgo de no poder afrontar sus obligaciones salariales.

En busca del rescate internacional

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, finalmente, será recibido por el FMI en Washington el próximo 25 de septiembre para renegociar el desembolso de los 5400 millones de dólares, según confirmaron a A24.com fuentes cercanas al funcionario.

Cerca de Lacunza admitieron a este medio que “no hay plazos para recibir el desembolso”, pero se mostraron confiados en que el Fondo enviará lo prometido “antes de fin de año” porque “se cumplieron las metas fiscal y monetaria acordadas” con el organismo internacional.

Aclararon que los incumplimientos en las metas inflacionarias y el aumento del gasto y subsidios a partir de las medidas paliativas por la devaluación del 12 de agosto no son impedimentos para la aprobación de las cuentas que llevará Lacunza a los representantes del Fondo.

Lacunza viajará con parte de su equipo económico y será recibido por el director del departamento Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, aunque no se descarta que a la reunión en Washington se sume el número dos del Fondo, David Lipton.

El Gobierno intenta quitarle dramatismo a la demora de la aprobación de la quinta revisión que hace el FMI de las cuentas públicas y señala que “las fechas de los desembolsos nunca fueron rígidas, suelen ser flexibles” aunque admiten que el desembolso pendiente “no va a llegar en octubre”, sino que será “después de las elecciones”.

Cerca de Lacunza aseguran que “el plan financiero hasta el 10 de diciembre es sólido” y agregan: “Lo importante son las medidas que se tomaron para mantener las reservas del BCRA y llevar tranquilidad a los mercados y a los ahorristas que en la última semana mermaron en la cantidad que retiraban depósitos de los bancos”.

Un día antes de la reunión de Lacunza con el FMI, el 24 de septiembre, Macri viajará a Nueva York para lo que será su última participación -al menos del actual mandato- de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas (ONU), donde espera recibir un nuevo apoyo internacional. Inclusive, no se descarta un encuentro con las máximas autoridades del Fondo y del gobierno de Estados Unidos.

La nueva campaña, en modo Zen

Mientras reconoce la profundización de la crisis, Macri continúa mezclando campaña con gestión y se mostrará esta semana en recorridas e inauguración de obras realizadas por la Nación en distintas provincias. Tiene tiempo hasta el 2 de octubre, cuando comience la veda electoral para ese tipo de actos oficiales.

La estrategia será poner el foco en un mensaje a la clase media agobiada por la dura crisis económica: “Estamos viviendo unas semanas de fuerte incertidumbre por la devaluación después del resultado de las PASO”, volvió a afirmar Macri, quien pidió “aprender de los errores” y “no volver atrás”, en un intento por retener el voto que lo llevó a la Casa Rosada en 2015.

Sin embargo, ya no suena tan fuerte en el oficialismo el slogan post PASO que invitaba a “dar vuelta” la derrota. El foco de la Casa Rosada está puesto, por ahora, en contener la paz social.