Se trata de un proyecto que reproduce el texto presentado por primera vez ante la Cámara de Diputados en 2021, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida que cumple el país en diciembre.
Según explicó el diputado, el proyecto "tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional".
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En los fundamentos del proyecto, Fernández alertó sobre el "ascenso en toda la región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no sólo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión de lo público".
Al respecto, el proyecto establece la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas en materia de Derechos Humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo, a quiénes se les aplicará el Artículo 248 del Código Penal, respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todas las jerarquías y jurisdicciones.
Según la Real Academia Española (RAE), el negacionismo es la actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes, especialmente el holocausto.