Tras cuatro días de silencio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron hoy su "profunda preocupación" por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno nacional intervino la empresa Vicentín.
En un comunicado, expresaron la necesidad de respetar "todos los procedimientos legales y la división de poderes", y que "se deben seguir sin desvíos los preceptos que surgen de la Constitución Nacional". Agregaron que "violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país".
Respecto a los argumentos que utilizó el Gobierno para justificar la intervención, destacaron que todas las empresas que conforman el complejo agroindustrial exportador son miembros de la comunidad nacional, y que toda la operatoria de comercialización de granos y subproductos con el exterior se encuentra "altamente regulada y controlada" por el Estado.
"El ingreso de divisas de las exportaciones de granos y derivados está altamente controlado y es anticipado antes de que se produzcan los embarques, con plazos de ingresos y formas compulsivas de liquidación a moneda local (en productos como harina de soja, aceite de soja, poroto de soja y maíz el plazo de liquidación es 15 días corridos después del permiso de embarque)", afirmaron.
Respecto a los planteos que sobre la soberanía alimentaria, sostuvieron que "no se condicen con la realidad" dado que el mercado interno representa el 15% de la producción total del país y toda la producción de granos la realizan miles de productores que habitan en suelo argentino. "El concepto de soberanía alimentaria ha sido usado históricamente por países importadores para justificar restricciones a las exportaciones argentinas y perjudicar el empleo y el agregado de valor en el país".
Y concluyeron: "La eventual participación del Estado nacional en el sector no es necesaria ni conveniente, con el claro potencial de distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido ejemplo mundial de inversiones privadas en innovación y desarrollo, generándose el “cluster” agroexportador privado más grande del mundo mediante la estabilidad de reglas. La intervención del Estado no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial".
En caso de que el Estado continúe con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, solicitaron que se desempeñe bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. "Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial", afirmaron.
