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Vicentin: el juez repuso a los directores de la empresa y dejó a los enviados del Gobierno como veedores

Vicentin: el juez repuso a los directores de la empresa y dejó a los enviados del Gobierno como veedores
Planta de Vicentin en la provincia de Santa Fe (Foto: Sebastián Granata / Télam)

La Justicia santafesina hizo lugar al recurso de amparo presentado por los accionistas de Vicentin en contra de la intervención de la firma, y dispuso la restitución de la conducción de la empresa a “los administradores naturales de la sociedad concursada”.

Además, estableció que “los interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.

A su vez, se declaró incompetente para entender en la “demanda declarativa de inconstitucionalidad” del DNU que determinó la intervención del Ejecutivo.

Qué tuvo en cuenta el Juez

La decisión del Juzgado de 1ra. Inst. Civil y Comercial 2da de Reconquista -a cargo del Juez Fabián Lorenzini- se basa principalmente en la necesidad de preservar el patrimonio de la firma para poder continuar en el concurso de acreedores, evitando la quiebra de la misma.

En ese sentido, entre sus considerandos sostiene que el "patrimonio (de Vicentin) debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión" ya que de de ello "dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales".

Por ese motivo, sostiene que la actuación judicial tiene como objetivo "brindar certeza y seguridad jurídica para la concursada, sus acreedores, proveedores y empleados".

El fallo también plantea la necesidad de atravesar "virtuosamente este período transicional, hasta tanto sea dirimida la cuestión constitucional o se reconfigure virtuosamente el rol de los distintos actores actualmente en disputa".

Un dato contemplado por el Juez es la extensión del proceso por el coronavirus, lo que también podría afectar el patrimonio de la empresa si fuera mal administrada. Al respecto, indicó que "se prorrogó el plazo para que los acreedores, situados en diversas regiones distantes de nuestro país y de todo el orbe, acudan ante la sindicatura concursal para presentar sus pedidos de verificación tempestivos".

En cuanto a la labor que se venía desarrollando antes de la intervención, el Juez entendió que "los administradores naturales de la concursada han desarrollado efectivamente aquella tarea (conservación del patrimonio), tanto durante el período de cesación de pagos como luego de la apertura del proceso concursal, hasta el momento de su desplazamiento".

Además, indicó que con "el desplazamiento de los directores" por la intervención, se llevó al proceso a "escenario de incerteza jurídica con respecto a quién debe investir el rol de administrador y representante de la concursada".

De interventor a veedor

Aunque el juez devolvió el manejo de la empresa al Directorio, los actuales interventores continuarán en el proceso en carácter de veedores controladores. Bajo esa figura, tendrán esencialmente una función de "seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración".

En esta parte de las justificaciones, sostuvo que “la figura del interventor judicial concursal” se encuentra “reservada para aquellos supuestos de realización de actos prohibidos, ausencia no autorizada, ocultamiento de bienes o información y toda otra conducta que genere perjuicio a los acreedores”.

La medida dictaminada por el Juez tiene un plazo de 60 días (relacionadas con la intervención del Poder Ejecutivo) aunque "podrá ser ampliada o morigerada en sus alcances". En tanto, dispuso de cinco días para que los interventores puedan "contestar la demanda y efectuar los planteos que juzguen necesarios para ejercer su derecho de defensa en juicio".

Declaración de incompetencia

En el punto 5 del fallo, el Juez declaró la incompetencia del Juzgado N° 1 para "entender en la demanda declarativa de inconstitucionalidad" del DNU que dispuso la intervención.

Al respecto, se abstuvo de dirimir sobre la cuestión, basándose en la jurisprudencia de la Suprema Corte que en un fallo de "similar temática" sostuvo que "la demanda cuyo fin es obtener una sentencia declarativa de derecho" no debe ser tramitada "ante el tribunal del concurso".

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