En el contexto del debate sobre la responsabilidad de los productores en el aumento de los precios de los alimentos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) planteó al Presidente Alberto Fernández la necesidad de generar “imperiosamente” mercados concentradores transparentes que le posibiliten al público poder comprar frutas y verduras a precios acordes al nivel actual de los salarios.
La propuesta de los productores pymes es implementar remates que garanticen el conocimiento de todos los compradores la información del precio por el que se realiza una compra determinada e intentar terminar con el denominado “precio oído”, mecanismo que hace perder todo tipo de referencia al cerrar una operación.
“Por décadas, fue un factor distorsivo. Esto condiciona el libre juego de la oferta y la demanda y hace que los consumidores estén expuestos a una imposición de un operador comercial”, sostuvo la Cámara en un comunicado.
CAME respaldó el pedido con los datos que el INDEC entregó en el pasado mes de enero: “las frutas y verduras subieron un 64,4% y un 58%, respectivamente, durante el 2020. Un dato no menor es que la aparición del Covid-19 produjo que la demanda de productos frescos se incrementara un 20%”. Lo que explican en el sector es que un crecimiento de esta proporción en los precios es imposible de paliar para el caso de los frutícolas, ya que un monte frutal requiere de al menos 6 años para poder entregar su primera cosecha.
Pero también se sumaron a la polémica de esta semana que derivó en la reunión del miércoles entre la Mesa de Enlace y el Gobierno, apuntando también contra la carga de impuestos a la producción y asegurando que “el sector no es formador de precios”.
“Está demostrado que la incidencia de la producción primaria en el valor final de los alimentos es mínima. Las distorsiones y los sobrecostos están en los intermediarios y en otros eslabones de la cadena", sostuvieron. Y agregaron que “según el Índice de Precios en Origen y Destino” (IPOD) de enero, los precios de los productos frutihortícolas aumentaron 6,09 veces desde que salieron del campo hasta que llegaron a la góndola”.
Justamente basándose en el IPOD, que elabora la CAME, afirman que el productor participa, en promedio, de un 25% en el precio final de un producto, mientras que el Estado lo hace, también promediando, en un 32%. Incluso, sostienen, hay casos en los que ese porcentaje del productor solo llega al 7,5% y otros en los que el del Estado alcanza hasta un 40%.
“En este sentido, CAME también plantea aliviar la carga tributaria que pesa sobre los productores frutihortícolas para mejorar el margen de rentabilidad del sector y, en definitiva, aumentar la producción y el empleo genuino. Venimos fomentando hace años un ‘Comercio Justo’ que permita un sistema solidario y alternativo al convencional con el objetivo de aumentar la producción”, manifestaron los representantes de la Cámara.
También reforzaron la idea de alentar el consumo de alimentos saludables de estación “para evitar abusos comerciales fomentando, por ejemplo, la compra de productos frescos sustitutivos”.
