La conciliación llevada adelante hoy en el despacho del juez Fabián Lorenzini, en Reconquista, no llegó a buen término. Ahora, el magistrado deberá definir si acepta el pedido de intervención realizado por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ) o si mantiene al actual Directorio en funciones.
Todo esto, mientra sigue avanzando el concurso de acreedores por la deuda cercana a los USD 1.400 millones que la firma mantiene con más de 2000 acreedores.
Funcionarios santafesinos dieron por cerrada la negociación "al negarse el Directorio a dar un paso al costado en el control de la firma".
En diálogo con A24 Agro, el Secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, afirmó que "las dos condiciones que pretendía la provincia para constituir el fideicomiso no fueron consentidas por la empresa" por lo que no se pudo "avanzar con la concreción" de este instrumento.
Los requerimientos de Santa Fe son: que el Directorio se retire de la empresa y que las acciones que pasen a ser parte del fideicomiso puedan ser administradas por el encargado del mismo.
"Si esas dos condiciones no se dan mal podemos avanzar en una estructura de negocios y de articular esfuerzos desde el Estado con acreedores e inversores porque el fideicomiso no tendría el control de la administración ni de los derechos que surgen de los accionistas".
El Directorio se habría negado a resignar el control de la firma argumentando el "respeto a los accionistas". Además, habría solicitado que las acciones "estén en una garantía y que no sean administradas por el fideicomiso".
Por este motivo, sostuvo que el juez ahora "tiene que resolver el pedido de la IGPJ de la remoción de los actuales directores y la incorporación de los interventores" propuestos, entre ellos Gabriel Delgado y Luciano Zarich, por la Nación.
Según contaron participantes en la causa, el juez podría definir el pedido en 10 o 15 días, cuanto termine de realizar "algunas pruebas pendientes". Entre ellos, un podido de informes al Banco Mundial en relación a las deudas internacionales de Vicentin.
Por su parte, el vicepresidente de la cerealera, Alberto Macua, dijo al retirarse de tribunales que habría que seguir conversando, aunque advirtió que eso "depende de la vocación de diálogo" de las partes.
Además, pidió a los periodistas presentes frente al tribunal que "desmientan" que "hubo allanamientos hoy" en la empresa.
La mención a los allanamientos obedece a versiones que circularon el jueves a la tarde sobre un operativo judicial en la sede central de Vicentin, en Avellaneda.
Al respecto, el fiscal federal Gerardo Pollicita, le pidió al juzgado federal de Rosario llevar adelante un operativo en la sede central de la empresa para obtener balances, libros societarios y la información documental relacionada con el préstamo otorgado a través del Banco Nación.
