En menos de 48 hs, la Justicia asestó dos duros golpes al Grupo Vicentin con fallos adversos en el concurso de acreedores que se lleva adelante en Reconquista y la investigación sobre supuesta defraudación por los préstamos tomados con el Banco Nación.
El juez del concurso de la agroexportadora, Fabián Lorenzini, intervino ayer la conducción de la empresa por un plazo de 90 días mediante la designación de dos coadministradores y sin desplazar al actual directorio, al tiempo que prohibió modificar "la tenencia y composición" del capital accionario, informaron fuentes judiciales.
En la resolución, el magistrado subrayó que "la principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este juzgado" por parte de la compañía.
En el mismo sentido, Lorenzini señaló también "el actual silencio con respecto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de octubre de 2020 () como así también la elaboración de un plan de negocios" para 2021.
En el acto, el juez decidió designar como "interventor-coadministrador" al licenciado Andrés Schocron, actualmente veedor judicial del concurso propuesto por los acreedores.
El juez le otorgó a Shocron un "rango similar" al de presidente del directorio de la empresa para "actuar de manera conjunta" con quien ocupa ese lugar de acuerdo a la última asamblea de accionistas, el histórico contador de la compañía, Omar Scarel.
Además, la resolución dispone que la subintervención sea ocupada por una persona designada por el Gobierno de Santa Fe y establece que, hasta que sea elegida, el cargo lo ocupe la titular de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ), María Victoria Stratta.
Entre las cuestiones dispuestas por el juez se destaca, también, su decisión como "medida de no innovar", que establece la prohibición de "modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada".
En los considerandos, destaca que adopta esa medida ante la imposibilidad de conocer el contenido de los negocios encomendados por los accionistas a una empresa llamada Maxim Group LLC y el riesgo cierto de que pudiera involucrar eventuales modificaciones en la composición del capital accionario.
El Maxim Group, con sede en Nueva York, fue contratado en octubre pasado por Vicentin para que lo asesore en un proceso de selección de eventuales inversores, aportantes de capital y/o financiamiento a la compañía, según un comunicado de la empresa.
Por su parte, la Cámara Federal porteña confirmó la inhibición general de bienes y la prohibición de modificar el capital accionario de la empresa Algodonera Avellaneda, en la causa penal que investiga supuesta defraudación con préstamos multimillonarios del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri.
El Tribunal de Apelaciones encomendó al juez del caso, Julián Ercolini, que evalúe disponer un "embargo preventivo, estableciendo un monto específico a ser tutelado" en base al "actual conocimiento que pudiere haber adquirido en este tiempo respecto de los bienes que efectivamente detenta la empresa", según el fallo al que hoy tuvo acceso Télam.
Esto se resolvió ante planteos de los abogados de Algodonera Avellaneda vinculados a "la necesidad imperiosa de mantener los puestos de trabajo", explicaron los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La Cámara ratificó, por otro lado, el rechazo de juez Ercolini a un pedido fiscal para inhibir los bienes de las personas físicas investigadas en la causa.
Entre ellos están el expresidente Macri, el extitular del Banco Nación Javier González Fraga y Guido Sandleris, además de directivos de las empresas Vicentín y Algodonera Avellaneda, entre otros investigados
"Resulta atinada de momento la solución propuesta por el juez al decidir no inhibir a las personas físicas. En ese sentido, se advierte que más allá de que aún no se las ha convocado a prestar declaración indagatoria, no se encuentran determinadas sus eventuales intervenciones en los hechos; cuestiones que nos disuaden de considerar en el caso que se hallen configurados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora", concluyeron los camaristas.
Sin embargo, advirtieron que "lo que aquí se resuelve no impide que, a partir del avance de la investigación o ante cualquier situación que modifique el panorama expuesto, se vuelva necesaria la urgente adopción de las medidas mencionadas".
En la causa se investiga el perjuicio al Estado Nacional con el otorgamiento irregular de financiación a las empresas por el Banco Nación, calculada en 18.500 millones de pesos y la falta de ejecución de garantías previstas para ese endeudamiento.
