La decisión del Gobierno nacional de intervenir en la empresa Vicentin y enviar un proyecto de ley expropiación generó una catarata de repercusiones, tanto a favor como en contra de la medida.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir en la empresa Vicentin y enviar un proyecto de ley expropiación generó una catarata de repercusiones, tanto a favor como en contra de la medida.
Si bien era algo esperable desde el ala política, desde el sector agropecuario también las opiniones parecen divididas, aunque la gran mayoría, sí coinciden en la incertidumbre de cómo será el proceso.
Para José Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) la medida causó sorpresa e inquietud: "La verdad que estamos perdidos. Se decía que había grupos interesados y que la convocatoria de acreedores está en su curso. Suena raro que se meta el Estado justo en medio de la negociación de la deuda", afirmó a A24/Agro.
Además remarcó que llama la atención el concepto de "soberanía alimentaria", siendo Vicentin una empresa que exporta su producción, principalmente soja que Argentina no consume. "Se habló del empleo pero el Estado tiene otrros mecanismos. Además a la salida de la pandemia habrá muchas empresas en similar situación y esto generará inequidades. Me preocupa el real propósito de esto", afirmó.
Por su parte, el consultor Enrique Erize se trata de una mala decisión que responde más a la parte más radicalizada del Gobierno que a la soberanía alimentaria: "El impacto en el mercado local va a ser menor. El sector está lo suficientemente atomizado para seguir operando sin inconvenientes". Además, hizo hincapié en que se generan muchas dudas y, que aunque es temprano para hablar de repercusiones, "no se da una buena imagen al país ni al sector agropecuario", afirmó a este medio.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) remarcaron la importancia que el Estado garantice el empleo en el contexto económico y social actual, dando tranquilidad a más de 2000 familias y a miles de productores que tienen deudas con la firma y que ahora tendrán la garantía del Estado. Aunque advirtió: "La industria de molienda de soja es el principal sector exportador de la Argentina y siempre garantizó la seguridad alimentaria nacional, así como luchó continuamente para mantener mercados abiertos y generar empleo genuino e ingresar divisas para el país. La soberanía alimentaria en este sector siempre estuvo garantizada, dado que la producción de soja y girasol la realizan más de 77.000 productores agropecuarios".
Puntualizó además que es importante que la futura empresa estatal sea parte de las mismas reglas de juego y tenga igualdad de condiciones que las demás empresas. "La industria aceitera buscará articular con esta nueva empresa una articulación positiva para lograr mayor capacidad de producción y exportación de productos transformados, defendiendo el empleo y luchando contra la primarización de las exportaciones. Esta industria está sufriendo de una alta carga tributaria y la nueva empresa estatal podrá colaborar en lograr revertir esta situación", destacó.
En tanto, la Sociedad Rural de Rosario manifestó que, como productores agropecuarios, hay mucha preocupación la situación de Vicentin. "Llama la atención que el gobierno emita un decreto de necesidad y urgencia y de esta manera abra paso a una intervención estatal y posterior expropiación de la empresa privada, aduciendo que está en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Dicha empresa exporta gran parte de lo que produce no abasteciendo con sus productos y derivados al mercado alimenticio interno. A su vez, la fluidez de la comercialización de granos no se ha visto mermada, tal es así que a esta altura del año se ha exportado un 10% más que el año pasado", destacó.
Para el empresario José Urtubey, vocal del Comité Ejecutivo de la UIA, el Gobierno se "está haciendo cargo de un gran problema". Consideró que se buscará rescatar a Vicentin a través de la expropiación, "un instrumento jurídico que ya está plenamente vigente hace muchísimos años en la Argentina".
Además, aclaró que "frente a la necesidad, utilidad o consideración estatal de que es necesario en este caso contar con una empresa de la talla de Vicentin, que tiene impacto en las exportaciones, en sus acreedores y proveedores, el Estado decide. No veo que se esté yendo a Venezuela por esto", sostuvo.
Otro empresario de renombre en el sector lácteo, que prefirió resguardar su identidad, opinó todo lo contrario: "Es un avasallamiento a las leyes, a las instituciones y a la iniciativa privada. Es un avance muy fuerte, una mala decisión, con un mensaje hacia el empresariado que repercute en la toma de decisiones a futuro, Genera mucha incertidumbre", afirmó a este medio.
En este sentido, destacó que la compañía transita el camino judicial, legal, y es allí donde se debe resolver: "Si hubo fraude que se apliquen sanciones pero iba por los mecanismos judiciales. Esto además tiene implicancias hacia afuera y secuelas a largo plazo", destacó.
A favor de la medida se pronunciaron desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Su secretario geenral, Ramón Ayala, afirmó que "es correcta" la decisión de intervenir la empresa dada la situación financiera y el riesgo que corren más de 4000 trabajadores."Los trabajadores temporarios de Vicentin se pararon y están trabajando como pueden en otras empresas. Los de planta están complicados, y hay muchos trabajadores subsidiados desde el Renatre", destacó en diálogo con El Destape Radio.
También la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines celebró la decisión al entender que en manos públicas la compañía tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos. "Cuando la empresa entró en default advertimos que ninguna solución era admisible si no se garantizaban los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, señaló.
Y remarcó que "Vicentin es una empresa que en manos del Estado tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos, importancia que se acrecienta en el marco de la emergencia sanitaria". Además, indicó que con su expropiación se abre una oportunidad para generar más valor agregado con la industria y retrotraer el proceso de primarización profundizado bajo la gestión del gobierno anterior.
También la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideró "muy positiva" la intervención: "la decisión es clave para el desarrollo de políticas públicas que avancen en el camino de la soberanía alimentaria de la Argentina, la recomposición del ahorro nacional y la incorporación de mayor valor agregado", destacó. Y agregó que "lejos de ser un ataque a la propiedad privada, significa salvaguardar la actividad económica y el entramado productivo local en un momento de crisis sanitaria económica y social".
