Esto no debería sorprender. Los desincentivos económicos que vienen frenando el desarrollo de las cadenas agroindustriales siguen en pie. Derechos de exportación, una elevada presión impositiva, un marco laboral que desincentiva el empleo y una economía cerrada al comercio, por nombrar algunos. Además, otras iniciativas como el plan ganadero o el proyecto de ley de inversiones agroindustriales o no se han implementado o han probado ser como una gota de agua en el desierto.
A todo esto se agrega una incertidumbre creciente en todos los frentes. Pasando por la cuestión fiscal-monetaria-cambiaria, donde los exportadores enfrentan cada vez más distorsiones y no hay expectativas de normalización. Pero también incluyendo otras, como la federalización de la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde se mueve el 81% del volumen de las exportaciones agrícolas. O los choques de nuestra diplomacia en el Mercosur, principal destino de varias cadenas agroindustriales argentinas.
Si bien la mejora en los precios internacionales significa un alivio, no debemos tomarlo como sinónimo de recuperación a largo plazo. Sin realizar reformas estructurales que mejoren los incentivos a la inversión y la innovación, las cantidades exportadas por la agroindustria argentina seguirán estancadas y el país seguirá perdiendo posiciones en relación a sus competidores.
El autor es Colaborador de la Fundación Libertad y Progreso. Docente de Economía Internacional UCEMA