CRÍTICAS AL ESTADO

¿Legítima defensa o justicia por mano propia? Productores del Norte se organizan para reaccionar ante usurpaciones

Se realizó el "Primer Foro Consenso Tucumán por un Norte Grande Sustentable y en Paz", organizado por productores agropecuarios. Duros testimonios.
En 2016

En 2016, 100 productores agropecuarios desactivaron una usurpación, por sus propios medios. 

Tras las polémicas por el conflicto mapuche en la Patagonia y el reclamo por usurpaciones, productores agropecuarios del Norte argentino sumaron su voz ante hechos de similares características. En un evento al que llamaron “Primer Foro Consenso Tucumán por un Norte Grande Sustentable y en Paz”, ahondaron en críticas a la política local y la Justicia. Un productor contó el caso de una usurpación que desactivaron tras organizarse colectivamente, y sin dar aviso a las autoridades. “Fuimos 100 productores y se tuvieron que ir. No nos queda otra que unirnos y colaborar con el vecino”, dijo.

El Foro fue organizado por la Asociación Civil para la Protección, Desarrollo y Cooperativas de la Propiedad Privada (PRODECO), una organización que atiende a la problemática de las tomas de tierras en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Allí los dirigentes agropecuarios encabezaron las críticas a las autoridades políticas pero también a las judiciales por los problemas habitaciones en la región y que, entienden, derivan en los conflictos.

“El estado de emergencia que rige de forma ininterrumpida desde el año 2006 ha provocado demasiado daño a todas las partes involucradas. La falta de seguridad jurídica rompe y atraviesa nuestras economías regionales y la autonomía de las provincias. Esta situación nos movilizó a llevar adelante este encuentro con la participación de referentes directamente vinculados a estos conflictos”, sostuvieron los organizadores del Foro Consenso Tucumán.

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El Foro realizado en Tucumán apuntó contra las usurpaciones. Hay preocupación entre los productores agropecuarios.

El Foro realizado en Tucumán apuntó contra las usurpaciones. Hay preocupación entre los productores agropecuarios.

Días atrás, Nación y la provincia de Río Negro protagonizaron horas de tensión política en torno al envío de fuerzas federales para custodiar la región ante el recrudecimiento de las acciones del pueblo mapuche. Los productores agropecuarios del Sur también se organizaron y mantienen una postura en común ante las usurpaciones. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) incluso había redactado un duro documento contra el Gobierno Nacional por este mismo conflicto.

Incluso en junio la Justicia desactivó una importante toma de campos en zonas periurbanas de Reconquista, al norte de Santa Fe. En ese conflicto, cuya trama había logrado recomponer este medio, algunos de los intervinientes vincularon a las tomas de Reconquista con una frase del presidente Alberto Fernández sobre "tierras improductivas".

La organización de los productores agropecuarios contra las tomas de tierras

En el mismo sentido que manifestara CRA, Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), expuso una tensa situación que se vivió en 2016 al norte de Tucumán y que derivó en “un grupo de Whatsapp” que funciona a modo de organización colectiva para repeler usurpaciones en campos. Y graficó una situación de suma desconfianza con el accionar de la Justicia.

“Sabemos que la Argentina sufre una crisis de credibilidad tremenda, sobre todo en este momento y no solo por nuestro comportamiento ante organismos de crédito e inmadurez fiscal, pero sino también por leyes que van por una colectora, paralelamente a la Constitución Nacional y la contradicen. Esas leyes espantan a los inversores”, señaló Palomo, referente de Apronor

La entidad reúne a más de 200 productores de la región, principalmente tucumanos, pero cuyo radio de acción se extiende por una amplia zona en varias provincias. Los productores agropecuarios son ganaderos, pero también agrícolas.

“Nadie va a venir a invertir en este país si no sabe si va a aparecer un integrante de una comunidad indígena a decir ‘esto era de mi tatarabuelo’, y encima no va a poder hacer uso de los resortes jurídicos de nuestro país porque hay una ley paralela que establece una comisión que va a juzgar el estado del dominio de esas propiedades”, apuntó Palomo.

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Palomo apuntó a las complicaciones legales de los productores para afrontar las usurpaciones.

Palomo apuntó a las complicaciones legales de los productores para afrontar las usurpaciones.

Y explicó de qué se trató el conflicto de 2016, en el departamento Burruyacú ubicado en el noroeste tucumano.

Un productor de Apronor dio el aviso a sus colegas de una intrusión en su campo, por parte de un grupo de aproximadamente 15 personas. Acto seguido, los productores agropecuarios aunaron fuerzas y acudieron a la zona, pero sin dar aviso a las autoridades locales.

“La etapa legal es cuando ya no hemos podido recuperar a través de las fuerzas que están a nuestro alcance, de las fuerzas que son racionales para tratar de recuperarlo. Y ahí sí tenemos que apelar a la parte legal. Nosotros tuvimos una experiencia con un integrante de Apronor que un día una persona con otro grupo más intentaron usurpar el campo. Fuimos amablemente y amigablemente 100 productores y le pedimos que deponga su actitud. Y se tuvo que ir, porque vio un buen número de personas y vio que no le iba a ser barato ni tan fácil usurpar la propiedad”, detalló Palomo ante el Foro.

Y aclaró: “No nos escandalicemos, porque ante la desprotección de las fuerzas de seguridad y de la Justicia, que es tan lenta, no nos queda otra que unirnos entre todos y colaborar con el vecino”.

Ante el llamado de A24.com Agro Palomo reconoció que se había tratado de “un momento tenso” pero que en ningún momento derivó en hechos de violencia física.

Y también contó otra situación similar, con el mismo desenlace, pero que en la misma el dueño del campo sí buscó hacer la denuncia y dar aviso a la policía. El propietario presentó todos sus avales sobre la propiedad y días después la Justicia ordenó el desalojo del lugar.

“En 2020, en plena pandemia, un grupo aprovechó que la Policía estaba atenta al cuidado de los límites provinciales en el marco de los operativos por la cuarentena, y a un productor de se le metieron en su campo. Él no quiso que nosotros fuéramos a tratar de desalojarlos, y tuvo suerte con la Justicia. Pero a veces también te puede tocar un juez militante con una ideología contraria al campo, y entonces la Justicia puede no fallarte a favor”, señaló.

Este último conflicto fue en el departamento tucumano de Cruz Alta. Este mismo grupo de productores ya había hecho declaraciones públicas sobre sus reacciones ante las usurpaciones en el Norte, en 2020.

¿Los productores agropecuarios van por un pedido de inconstitucionalidad?

La semana pasada el Senado aprobó el proyecto de Ley que prorroga el impedimento de desalojos para las comunidades indígenas. La extensión es por cuatro años y contó con el respaldo de 43 votos positivos, contra 2 negativos y 7 abstenciones.

“Ya se hicieron planteos de inconstitucionalidad, pero se resolvieron desde otros aspectos. Hay que recordar que un reclamo por inconstitucionalidad de una ley se resuelve cuando fracasa toda otra instancia de defensa para abordar una problemática. Pero sí, en este caso y en lo que tiene vinculación con Ley de Emergencia territorial indígena, la prórroga ya es totalmente excesiva: ya vamos para 19 años”, sostuvo Javier López de Zavalía, uno de los abogados que acompaña el reclamo de los productores de PRODECO.

Y se preguntó: “Ante tantas veces que la Ley fue prorrogada, ¿dónde queda entonces el derecho a la propiedad?”

¿Cómo procederán los productores agropecuarios? Desde el equipo jurídico que los acompaña aclaran que para plantear la inconstitucionalidad de la Ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, se requiere del acontecimiento de un nuevo caso que grafique la problemática y cuya causa derive en la resolución de fondo: obtener un fallo en el que la Justicia determine la inconstitucionalidad de la norma.

“Estamos en una situación en la que basta solamente con manifestar que uno tiene un derecho para desconocer que otra persona lo tiene, y en las formas que lo exige la Constitución”, concluyó el abogado.

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