Los productores agropecuarios, en alerta ante los últimos conflictos mapuches.
La escalada de violencia en una región de la Patagonia, protagonizada por reclamos de sectores mapuches hacia diferentes inmuebles y locaciones, tiene su eco también entre los productores agropecuarios. Los productores alertaron por la “falta de respuestas” por parte de la Justicia e incluso advirtieron “fines políticos” en las usurpaciones de propiedades.
El conflicto tuvo un ida y vuelta entre el Presidente de la Nación Alberto Fernández y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras en la que la líder provincial reclamaba el envío de fuerzas federales. Pero también dentro del propio Frente de Todos no se observa una posición en común y Sergio Berni había cruzado al propio Presidente. Días después, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández contradijo a Berni, aunque envió finalmente 100 gendarmes a la región.
En este contexto, los productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén, nucleados en la Federación que los representa, alertaron por la situación que los aqueja y que los obliga a estar en estado de alerta ante la amenaza de tomas y usurpaciones violentas.
“Hay propietarios de campos que tienen tierras compradas en 1978 a otros dueños, con escrituras, y sin embargo están sufriendo la situación. Acá nos pasa todos los días: el problema es que no tenemos Justicia porque cuando la Justicia dictamina ellos ya tienen las bases de lo que van a edificar. Y se termina comprando la tierra a valor fiscal”, se lamentó Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén.
La semana pasada un hecho violento despertó la atención de todos: un club en El Bolsón fue consumido por las llamas, y en la zona se cree que fue parte de un ataque de sectores violentos mapuches. “Incluso hubo miembros de la comunidad que salieron a rechazar este tipo de hechos”, sostuvo Hernández durante una conversación con La Red Rural (AM 910).
“A cada rato hay una toma, termina una y siempre empezamos a discutir otra”, explicó.
Y detalló la situación que viven los propietarios de la región ante la necesidad de tener que salir cotidianamente de sus lugares. “No nos podemos ir porque si llegamos a dejar las cosas, se nos meten. Es muy tensa la situación. No nos podemos ir”, reveló.
Para Hernández la problemática habitacional es inexcusable, pero sin embargo advierte que por la ilegalidad de los movimientos. ¿Cuál es el rol del Estado?
“El Estado se aprovecha, porque es política fácil y una manera de conseguirle tierras a esa gente. Uno no puede discutir que hay necesidad poblacional. Pero no en la función de brindarle desde la política una tierra a una casa o una persona a costa de alguien que ya tiene la propiedad”, se quejó.
